El periodismo paraguayo enfrenta en 2024 uno de los escenarios más complejos para el ejercicio de la libertad de expresión, con ataques sistemáticos desde sectores de poder político, económico y fáctico. Esta situación se desarrolla en un contexto donde el oficialismo, con amplia hegemonía en el ámbito político institucional y mayoría en ambas Cámaras legislativas, ha iniciado una confrontación directa contra periodistas y medios críticos.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) se ha convertido en un instrumento de hostigamiento contra comunicadores, revelando información privada de periodistas y expulsándolos del recinto parlamentario.
Casos de doxeo
Casos emblemáticos como el “doxeo” contra la periodista Susana Oviedo y los ataques a Mabel Rehnfeldt y Leonardo Gómez evidencian una estrategia coordinada que incluye el uso de trolls y perfiles falsos en redes sociales para amedrentar a la prensa.
Las agresiones físicas y amenazas se han multiplicado durante el año
Periodistas como Fiona Aquino, Pablo Pérez, Arnaldo Cabral, Miriam Soilán, Carlos Bottino y Elvio Florentín han sufrido ataques durante coberturas periodísticas. Las amenazas contra Juan Alcaraz y Elías Cabral, relacionadas con investigaciones sobre corrupción y crimen organizado, demuestran los riesgos que enfrentan los comunicadores del interior del país.
La judicialización se ha convertido en otra forma de censura, con casos como el de Fredy Chamorro, censurado por denunciar faltantes de insumos hospitalarios, y Leticia Medina, denunciada por la senadora “Yamy Nal”. La Ley N.º 5777/16 de protección a las mujeres está siendo utilizada discrecionalmente como mecanismo de censura previa, contraviniendo la Constitución y estándares internacionales de libertad de expresión.
Leé el material completo de DD.HH-Codehupy
El presidente Santiago Peña ha adoptado una retórica confrontativa contra la prensa, acusando a periodistas de mentir y manipular, mientras que el representante legal de Horacio Cartes ha amenazado con acciones judiciales contra medios y comunicadores. Esta situación se agrava con la llamada “Ley Garrote” que amenaza a radios comunitarias y medios alternativos, en un contexto de precarización laboral y concentración mediática.
A nivel internacional, el caso de Aldo Zuccolillo ante la Corte IDH y la supervisión del caso Santiago Leguizamón evidencian las deudas pendientes del Estado paraguayo en materia de protección a periodistas.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
Si bien existen algunos avances como la absolución de Angie Prieto y el impulso al proyecto de ley de protección a periodistas, Paraguay aún debe implementar un sistema integral que garantice el ejercicio seguro del periodismo, modificar la legislación sobre radios comunitarias y garantizar los derechos laborales de los trabajadores de prensa.
Los casos presentados muestran una persistencia de los patrones que afectan al derecho a la libertad de expresión y el ejercicio seguro y libre del periodismo en el Paraguay.
Fuente: Codehupy- Santiago Ortíz
