A pocas horas de la subasta de tierras municipales en la Costanera Norte de Asunción, la Municipalidad llevó a cabo desalojos de ocupantes que residían en inmuebles precarios. La acción estuvo encabezada por la Policía Municipal y ha generado un clima de incertidumbre entre las familias afectadas, muchas de las cuales no cuentan con alternativas habitacionales.
El desalojo se produjo en el lote identificado como A3, ubicado detrás de las viviendas sociales conocidas como “casitas de colores”. Este terreno, junto con el lote A1, será puesto a la venta en el marco de una polémica subasta impulsada por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. La medida ha sido cuestionada por concejales de la oposición y organizaciones sociales, quienes denuncian irregularidades en el proceso.
Desalojo a familias de la Costanera de Asunción ante inminente subasta: «Ellos están ahí de manera temporal», señaló Nenecho
El intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, salió al paso de los dichos las familias ubicadas en zona de la Costanera Norte, que mostraron su… pic.twitter.com/QjKPWomrjo
— Radio Ñandutí (@nanduti) December 17, 2024
Una de las afectadas, madre de una niña de cuatro años, lamentó la situación. “No tengo dónde ir; igual voy a ser un problema social”, expresó con resignación. Según comentó, las autoridades prometieron una reubicación, pero sin detalles claros, lo que profundiza la incertidumbre. Estas familias denuncian que la falta de soluciones concretas vulnera su derecho a una vivienda digna.
Otra ocupante, Blanca Candia, criticó el posible traslado a la cancha del Club Oriental, ubicada en Ricardo Brugada, por tratarse de una zona propensa a inundaciones. “No somos basura que se puede tirar en cualquier lado. Resistiremos hasta que nos den una solución real”, manifestó. La mujer advirtió sobre las condiciones precarias en las que viven numerosas familias, muchas con niños pequeños.
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El proceso de subasta, previsto para este miércoles 18 de diciembre, ha sido duramente cuestionado por la rapidez con que se lleva a cabo y las denuncias de irregularidades administrativas. Se trata de 6 hectáreas de tierras municipales que, según organizaciones civiles y concejales, podrían ser destinadas a proyectos sociales en lugar de rematarlas a inversores privados.
Mientras el remate sigue en pie, las familias desalojadas claman por respuestas concretas. La falta de un plan de reubicación definitivo y la incertidumbre en torno a sus derechos generan preocupación, evidenciando una vez más la necesidad de políticas públicas que prioricen la dignidad de los sectores vulnerables.
Fuente: ABC Color
