La Contraloría General de la República (CGR) ha solicitado a Petróleos Paraguayos (Petropar) una rendición de cuentas detallada sobre el contrato de USD 61 millones firmado con Doha Holding Group LLC de Catar. La institución otorgó un plazo de 10 días para que la petrolera estatal presente documentación completa sobre la operación que incluía la entrega de 100.000 toneladas métricas de diésel.
El contrato, firmado bajo un “procedimiento especial” por supuesta urgencia, presenta múltiples aspectos cuestionables, incluyendo la falta de experiencia de la empresa proveedora en el sector de combustibles y su reciente creación meses antes del acuerdo. Además, tras el incumplimiento en la entrega programada para octubre y noviembre de 2024, se concedieron dos adendas que duplicaron el plazo de entrega.
Entre la documentación requerida por la CGR se encuentra el dictamen que justifica la convocatoria vía “Procedimiento Especial de Contratación”, el Pliego de Bases y Condiciones, y la garantía de fiel cumplimiento por USD 3.050.000 presentada mediante declaración jurada con un supuesto aval del Qatar International Islamic Bank.
La empresa catarí, representada por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, el jeque Khalifa Hamad Al-Thani y Saad Doukali, prometió precios excepcionalmente ventajosos que generan dudas sobre la viabilidad y calidad del producto ofertado. La CGR solicita explicaciones específicas sobre la tarifa unitaria y los mecanismos de control de calidad del combustible.
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La solicitud de la Contraloría se fundamenta en los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional y en la Ley N° 276/94, que establece sus atribuciones de fiscalización. Este requerimiento surge después de que Petropar ignorara un pedido de informe similar realizado por el Congreso Nacional a iniciativa del diputado Mauricio Espínola.
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La investigación busca esclarecer los criterios de selección del proveedor, la composición accionaria de la empresa y sus antecedentes en el rubro, especialmente considerando que la extensión del plazo de entrega mediante adendas podría constituir una violación de la ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas.
Fuente. ABC Color
