Caso Metrobús: Nueva suspensión dilata proceso contra ex funcionarios

El proceso judicial sobre el fallido proyecto Metrobús  enfrenta un nuevo retraso luego de que los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grissetti y Natalia Silva solicitaran la suspensión de la audiencia preliminar para dos de los principales acusados. El juez Humberto Otazú accedió al pedido, postergando el avance del caso que investiga un presunto perjuicio al Estado  por más de 180 mil millones de guaraníes.

La investigación señala como principales implicados al ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y a la ex viceministra de Finanzas Marta Benítez, quienes ejercieron sus cargos durante el gobierno de Horacio Cartes. Ambos enfrentan cargos por presunta lesión de confianza, junto al ex gerente del programa Guillermo Alcides Alcaráz Reisinger, quien también fue procesado como coautor.

Nueva suspensión de audiencia preliminar del caso Metrobús

A pedido de la Fiscalía, se suspendió la preliminar del exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y la ex viceministra Marta Benítez, acusados por un presunto perjuicio de Gs. 180.030.528.699.@780AM @Megatv_py pic.twitter.com/aIeSRZ6pnj

— Lucas Zaracho (@Lucas_zPy) February 4, 2025

El proyecto Metrobús, presentado inicialmente como una solución definitiva para modernizar el sistema de transporte público, se convirtió en un símbolo de gestión deficiente. La obra inconclusa no solo frustró las expectativas de mejora en la movilidad urbana, sino que también provocó el cierre de numerosos establecimientos comerciales a lo largo de su trazado.

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La Fiscalía sostiene que Jiménez Gaona incurrió en irregularidades al convocar una licitación para construir dos tramos del corredor principal sin contar con los requisitos fundamentales. Entre estas omisiones destacan la falta de un acuerdo formal con la Municipalidad de San Lorenzo y la ausencia del diseño final de ingeniería, elementos esenciales para garantizar la viabilidad del proyecto.

Las investigaciones revelan que la firma del contrato con la empresa Mota Engil SA representó una vulneración a los intereses del Estado. Los fiscales argumentan que durante la ejecución del programa se toleraron incumplimientos significativos en las exigencias establecidas, comprometiendo la integridad del proyecto y los recursos públicos invertidos.

Fuente: Última Hora