Los familiares de Joel “Joelito” Filártiga, víctima de la dictadura stronista, intensificaron sus protestas frente al Palacio de Justicia mediante una manifestación que incluyó el encadenamiento de varios allegados. La medida surge como respuesta a una resolución judicial que designa como beneficiarios de una millonaria indemnización a los abogados Nicanor Galeano Willings y Gregorio Daniel Acosta.
La controversia se centra en la sentencia N° 36, emitida el 1 de marzo por el juez en lo civil y comercial Guillermo Riveros, que condena al Estado paraguayo a pagar aproximadamente US$ 47 millones como indemnización por el asesinato de Filártiga durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El fallo judicial reconoce como beneficiarios a los mencionados abogados, decisión que ha generado el rechazo inmediato de la familia.
Los manifestantes, que mantienen una carpa de resistencia frente a la sede judicial, denuncian que los abogados Galeano Willings y Acosta intentan apropiarse de la indemnización mediante una presunta cesión de derechos y acciones falsificada, que habría sido firmada por el doctor Joel Filártiga. Las hijas del fallecido doctor aseguran que los documentos fueron obtenidos mediante engaños a su madre.
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La causa se encuentra actualmente en manos de un Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, integrado por los magistrados Linneo Ynsfrán, Carmelo Castiglioni y Juan Carlos Paredes, tras la apelación presentada por la Procuraduría General del Estado en 2022. La familia Filártiga advierte que el proceso está en su etapa final y temen una resolución favorable a los abogados.
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Las acciones de protesta buscan visibilizar lo que la familia considera una maniobra ilegal para apropiarse de la compensación por una de las muertes más emblemáticas durante el régimen stronista. La instalación de una carpa permanente y el encadenamiento de los manifestantes reflejan la determinación de los familiares por impedir que la indemnización sea otorgada a terceros.
El caso ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad paraguaya, especialmente entre grupos de derechos humanos y organizaciones que trabajan por la memoria histórica y la justicia transicional. La resolución final de este proceso podría sentar un precedente significativo en el tratamiento de las indemnizaciones a víctimas de la dictadura stronista.
Fuente: ABC Color
