Corte suspende a juez y funcionario por irregularidades en Concepción

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso hoy la suspensión sin goce de sueldo del juez penal de garantías Eduardo Manuel Aguero y del oficial de secretaría Nelson Darío Ferreira Ayala, ambos de la circunscripción judicial de Concepción, tras detectarse graves irregularidades en sus funciones.

El ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendente de la circunscripción judicial de Concepción, presentó ante el pleno de la Corte evidencias que derivaron en sanciones inmediatas y la apertura de sumarios administrativos para ambos funcionarios.

Decisiones de la Plenaria de la Corte Suprema de Justicia.
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— Corte Suprema CSJ (@PoderJudicialPY) February 12, 2025

En el caso del oficial de secretaría Ferreira Ayala, se descubrió que realizaba trámites como profesional del Derecho paralelos a su función pública, emitiendo facturas por estos servicios. La situación llegó a conocimiento de la fiscala María Ester Giménez Villalba, quien ordenó su detención durante un allanamiento en el barrio Sagrada Familia de Concepción.

La investigación fiscal se originó tras una denuncia por el supuesto cobro irregular de 2 millones de guaraníes, lo que llevó a la intervención del Ministerio Público y posterior detención del funcionario judicial.

Por su parte, el juez Aguero enfrenta cuestionamientos por haber levantado una orden de rebeldía a un procesado que, según consta en el propio expediente, reside en España. Esta decisión fue calificada como “insólita” por el ministro Jiménez Rolón.

La Corte Suprema ordenó la remisión de los antecedentes del juez Aguero al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para su evaluación, mientras que ambos casos serán sometidos a sumarios administrativos.

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“Son cosas insostenibles, imposibles de tolerar. La corrupción puede existir en todas partes, pero no podemos permitir la impunidad”, enfatizó el ministro Jiménez Rolón durante la presentación de los casos ante el pleno de la Corte.

Estas medidas reflejan un endurecimiento en el control de la conducta de magistrados y funcionarios judiciales, en un intento por combatir la corrupción en el sistema judicial paraguayo.

Fuente: ABC Color