El 3 de febrero de 2025, el sistema judicial quedó nuevamente bajo escrutinio público tras la liberación de Wildo Valdo Machuca Cardozo de la Penitenciaría de Tacumbú. El acusado de abuso sexual en menores, quien además cuenta con antecedentes por fraude, obtuvo su libertad mediante una controvertida orden de la jueza Cynthia Lovera, pese a que su delito está catalogado como grave y de difícil acceso a medidas alternativas.
Irregularidades en el proceso
La primera señal de alarma surgió a través de una llamada reveladora a la central telefónica del Poder Judicial. La hermana de Machuca, al consultar sobre otro caso en su carácter de abogada, recibió felicitaciones anticipadas por la liberación de su hermano, evidenciando que la decisión judicial ya se compartía en círculos internos antes de hacerse pública.
Expertos en derecho penal consultados señalan que la legislación paraguaya es clara: no existen disposiciones que permitan medidas alternativas para delitos de abuso sexual en menores. La normativa establece explícitamente penas de prisión efectiva sin beneficios procesales.
Cuestionable justificación médica
El beneficio otorgado se basó en un argumento médico débil: tres forúnculos en la piel del acusado, quien padece diabetes. Sin embargo, no se presentó el obligatorio informe médico forense que respaldara una amenaza inminente para su vida, como gangrena o complicaciones severas.
Más aún, aunque el permiso fue concedido para una supuesta internación hospitalaria, testimonios de vecinos confirman que Machuca permanece en su domicilio, reforzando las sospechas de trato preferencial.
Inacción institucional
La abogada Mabel Machuca ha cuestionado severamente al Ministerio Público: “¿Cómo es posible que se le haya escapado un detalle tan grave? ¿Por qué no pidió la constitución del médico forense?” El proceso también evidencia una preocupante falta de acción por parte de la querella y la Fiscalía.
El abogado querellante, Valentín Domínguez, no se presentó a la audiencia clave ni presentó documentación, dejando el caso sin oposición efectiva. La Fiscalía, por su parte, no solicitó la revocatoria de la prisión domiciliaria.
Conexiones judiciales cuestionadas
El caso se complica con la presencia de la jueza Gloria Machuca que ha sido objeto de múltiples denuncias relacionadas con el ejercicio de sus funciones, hermana del acusado, quien actualmente está siendo investigada en el marco de “la mafia de los pagarés”. Si bien no se ha probado su intervención directa en la liberación, su posición en el Poder Judicial genera serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Preguntas sin respuesta
El papel de la jueza Cynthia Lovera resulta crucial en esta controversia. Su firma en la orden de liberación, sin argumentos jurídicos sólidos, plantea interrogantes fundamentales:
- ¿Qué motivó la liberación de un acusado de abuso sexual en menores?
- ¿Existieron presiones o favores dentro del sistema judicial?
- ¿Por qué se otorgó un beneficio procesal sin cumplir los requisitos legales básicos?
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Este caso no solo expone graves falencias en el sistema judicial, sino que también revela posibles redes de tráfico de influencias que comprometen la integridad de las instituciones judiciales. La sociedad aguarda respuestas mientras la credibilidad del sistema judicial continúa deteriorándose.
Fuente: RDN
