El precio de la justicia
El fiscal antisecuestro Federico Delfino aceptó beneficios personales del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes mientras investigaba un caso de presunta extorsión que involucraba a cuatro policías en Pedro Juan Caballero. Los mensajes filtrados revelan que en mayo de 2019, Delfino permitió que Gomes pagara su cena y estadía en un hotel de la ciudad fronteriza, donde se reunieron para discutir la situación procesal de los uniformados acusados.
La evidencia muestra que el fiscal, quien se refería a Gomes como “poderoso” en sus conversaciones, no solo aceptó estas atenciones sino que también recibió otros obsequios, incluyendo una camiseta autografiada del Club Olimpia para su hijo. Este comportamiento levanta serias dudas sobre la imparcialidad del Ministerio Público en el caso.
El origen del caso
El expediente se originó el 16 de abril de 2018, cuando Aníbal Calonga, presunto colaborador del supuesto narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Netto, alias “Minotauro”, denunció a cuatro policías por extorsión y secuestro. Los uniformados, entre ellos el subcomisario Édgar José Sanabria y el agente Elsio René Rojas Monges, habrían exigido 50.000 dólares a Calonga tras una persecución en Ponta Porã.
Los mensajes filtrados evidencian que Rojas Monges, desde su reclusión en la Agrupación Especializada, solicitó ayuda a Gomes para mediar con Calonga y el fiscal Delfino. El entonces diputado cartista se comprometió a interceder, iniciando una serie de gestiones que culminarían con la liberación de los policías.
La red de influencias
Las conversaciones exponen una intrincada red de influencias políticas y judiciales. Gomes mantenía conexiones con altos funcionarios, incluyendo al entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Bachetta. Los mensajes revelan cómo el diputado cartista utilizaba estas relaciones para gestionar favores, como en el caso de los policías acusados.
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La investigación toma un giro más oscuro al considerar que Calonga, la supuesta víctima de extorsión, era señalado como el responsable del monitoreo y montaje de cámaras de seguridad para la organización criminal de Minotauro en Pedro Juan Caballero.
Dos meses después de la intervención de Gomes, los cuatro policías obtuvieron su libertad, generando interrogantes sobre la legitimidad del proceso judicial.
Fuente: ABC Color
