“Reforma” de caja parlamentaria fue aprobada en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó en sesión extraordinaria una serie de modificaciones a la Caja de Jubilaciones Parlamentaria que mantienen en gran medida la estructura de privilegios del régimen vigente.

La mayoría cartista y sus aliados optaron por retocar la normativa en lugar de acompañar el pedido de eliminación total de la jubilación especial del Poder Legislativo. De este modo, los legisladores seguirán accediendo a pensiones que pueden llegar a G. 26.530.000, con requisitos más favorables que los del resto de los trabajadores.

Cronología de los hechos

Al inicio del debate, el diputado independiente Raúl Benítez, acompañado por Johanna Ortega, Adrián “Billy” Vaesken y Rubén Rubín, defendió un proyecto de abrogación completa de la Caja Parlamentaria, que finalmente fue rechazado.

Benítez recordó que el sistema fue creado en 1980, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, y lo calificó como una caja “malparida” por su origen y diseño. Señaló que, a su criterio, el esquema es matemáticamente insostenible sin recursos del Estado y reclamó un debate sobre su eliminación, no solo sobre ajustes parciales.

¿Reforma?

Puntos centrales del régimen actual son mantenidos con la reforma. Se conserva la posibilidad de jubilarse con 10 años de aporte para la modalidad extraordinaria y con 15 años para la ordinaria. Las edades mínimas también permanecen en 55 años para la jubilación extraordinaria y 60 años para la ordinaria. Continúa habilitado el retiro de los aportes personales, una opción que no existe en el Instituto de Previsión Social. Además, se ratifica la pensión heredada para viudos y viudas, aunque se excluye a los hijos y se reduce el porcentaje del beneficio.

En cuanto a los montos, la pensión ordinaria pasa del 80% al 70% de la dieta, lo que representa alrededor de G. 26.530.000 mensuales, mientras que la extraordinaria disminuye del 60% al 50%, unos G. 18.950.000. El aporte de los legisladores activos sube del 22% al 24% de la dieta, porcentaje que sigue siendo inferior al descuento previsto para los docentes, que llegaría al 24,5% considerando aporte jubilatorio y contribución al sistema de salud. El aporte de los jubilados aumenta del 11% al 14%.

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Durante el debate, opositores como Benítez y el liberal Diosnel Aguilera insistieron en que la caja es “inmoral, ilegal e insostenible” y advirtieron que, pese al discurso de “caja privada”, la experiencia muestra la necesidad recurrente de apoyo estatal.

Recordaron que para 2026 están presupuestados G. 4.500 millones en concepto de aporte del Estado a la Caja Parlamentaria. También cuestionaron que no se haya incorporado una cláusula que impida futuros rescates con fondos públicos en caso de colapso del sistema.

Lo mismo que igual

Los defensores de la reforma, entre ellos los diputados Yamil Esgaib, Hugo Meza y Rodrigo Gamarra, sostuvieron que los cambios convertirán a la Caja Parlamentaria en un esquema supuestamente privado, sin respaldo financiero del Estado.

La ley aprobada incluye una prohibición de aportes, subsidios o garantías estatales, pero mantiene la obligatoriedad de aportar para los legisladores, lo que llevó a Johanna Ortega a preguntar por qué un fondo “privado” requiere una ley y aportes compulsivos. Pese a las críticas y a las referencias a la “jubilación vip” en un contexto de carencias sociales, la propuesta de eliminación fue descartada y se consolidó un modelo que conserva sus principales beneficios diferenciales.

Fuente: ABC Color