La investigación del caso conocido como “la mafia de los pagarés” enfrenta un nuevo escándalo tras revelarse la aparente inacción del Ministerio Público. Un grupo de jubiladas, encabezadas por Luciana Bernadet, se manifestó frente a la Fiscalía General del Estado para exigir respuestas sobre sus denuncias, encontrándose con un preocupante escenario de desorganización y falta de seguimiento.
El caso ha tomado un giro más dramático al revelarse que el 70% de las víctimas son mujeres, lo que llevó a las afectadas a calificar la situación como un “feminicidio económico”. Este señalamiento fue dirigido específicamente a la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, buscando visibilizar la dimensión de género en esta crisis.
La estafa, que afecta principalmente a jubiladas del sector de enfermería, opera mediante un sofisticado esquema judicial donde estudios jurídicos utilizan pagarés ya cancelados para iniciar juicios contra los firmantes originales. Las víctimas descubren el fraude cuando sus salarios son embargados por supuestas compras que nunca realizaron.
Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, ha alertado sobre la magnitud del problema, señalando que el número de afectados continúa creciendo. La situación ha llevado a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a intervenir y auditar varios Juzgados de Paz de Asunción implicados en el esquema de doble cobro.
♦️Mafia de los pagarés
Enfermera que fue víctima acudió a la Fiscalía General del Estado denunciando inacción de fiscales del caso
️»Esta mafia afecta a todos y estamos seguros que no solo a enfermeras sino también a profesores y otros ciudadanos… Es alarmante lo que… pic.twitter.com/LenyWNNimz
— NPY Oficial (@npyoficial) February 18, 2025
A pesar de la conformación de un equipo especial de fiscales para investigar el caso, las víctimas denuncian una total falta de avances. La visita de Bernadet a la fiscala Belinda Bobadilla reveló una situación aún más preocupante: su denuncia ni siquiera estaba siendo procesada en la sede fiscal correspondiente.
La aparente desorganización y falta de respuesta del Ministerio Público genera preocupación sobre la efectividad de la investigación y la protección de las víctimas. La situación plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema judicial para enfrentar esquemas delictivos complejos que afectan a sectores vulnerables de la sociedad.
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El caso evidencia no solo la vulnerabilidad de los jubilados ante esquemas fraudulentos, sino también la necesidad urgente de reformar los mecanismos de control en el sistema judicial paraguayo para prevenir la manipulación de instrumentos legales como los pagarés.
La falta de respuestas concretas por parte de las autoridades deja a las víctimas en una situación de desamparo, mientras el esquema fraudulento podría seguir operando y afectando a más personas vulnerables del sistema.
Fuente: Última Hora
