El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, implementó una serie de cambios significativos en la estructura del Ministerio Público a través de las Resoluciones FGE N° 548 y 549. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la reasignación de la fiscala María Angélica Acosta Bjasso a la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Barrial N° 9 de Asunción, mientras enfrenta un proceso judicial por presunta coima.
El caso que involucra a la fiscala Bjasso se remonta a 2019, cuando fue detenida junto al abogado Luis Méndez y el juez Geraldino Cazal. La investigación reveló una presunta solicitud de G. 40 millones para favorecer a un procesado por coacción sexual y violación, distribuyendo el monto entre la madre de la víctima, la fiscala y el juez. Este incidente llevó a su suspensión por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hasta marzo de 2022.
La reorganización dispuesta por Rolón abarca múltiples jurisdicciones, incluyendo designaciones estratégicas en Ciudad del Este, donde el fiscal Ysrael Villalba Ramírez asumirá la titularidad de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y Contrabando N° 2. Simultáneamente, la fiscala Cinthia Leiva Cardozo fue asignada a la Unidad Penal N° 3 de la misma ciudad.
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El departamento de Ñeembucú experimentó cambios significativos con la designación del fiscal Alejandro Daniel Bazán Zapata a la Unidad Penal N° 5 de Pilar, mientras que Milciades Benítez asumió responsabilidades en la Unidad de Delitos Ambientales, manteniendo sus funciones en la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico. Estas modificaciones buscan fortalecer la presencia fiscal en áreas estratégicas del país.
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El juicio contra la fiscala Bjasso, el juez Cazal y el abogado Méndez enfrenta retrasos debido a incidentes procesales presentados por la defensa. El Tribunal de Sentencia suspendió el inicio del juicio tras la presentación de un recurso de incompetencia, argumentando que la causa debería ser juzgada en Ñeembucú. El fiscal Silvio Corbeta, actual responsable del caso, refutó esta posición citando la Acordada N° 1406/2020 de la Corte.
La resolución del caso ahora depende del Tribunal de Apelación de Ñeembucú, que deberá pronunciarse sobre los recursos presentados antes de poder establecer una nueva fecha para el inicio del juicio oral. Esta situación refleja la complejidad de los procesos judiciales que involucran a funcionarios del sistema de justicia.
Fuente: ABC Color
