Ultima sesión de la Junta de Gobierno. ARTURO GODOY
La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) mantiene un hermetismo institucional frente al escándalo desatado por los chats de Eulalio “Lalo” Gomes. El máximo órgano partidario, presidido por Horacio Cartes, designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, no ha convocado a ninguna sesión para analizar o pronunciarse sobre la red de corrupción que involucra a figuras relevantes del oficialismo. Este silencio contrasta con acciones individuales como la exigencia de renuncia al diputado Orlando Arévalo por parte del Comando de Honor Colorado.
El colegiado colorado no se reúne desde el 23 de diciembre pasado, cuando aprobó el presupuesto 2025. Anteriormente, su última actividad databa del 31 de julio, ocasión en que presentaron los programas Che Róga Porã y Hambre Cero. La ausencia de debate institucional sobre el caso Lalo Gomes evidencia una aparente estrategia de evasión ante un escándalo que compromete a legisladores, ministros, jueces y jefes policiales en todo el territorio nacional, según las conversaciones reveladas del diputado abatido durante un operativo antidrogas.
Paradójicamente, Horacio Cartes sí emitió un comunicado personal desde su cuenta en redes sociales, identificándose como “presidente de la Junta de Gobierno”, donde lamentaba el fallecimiento de Lalo Gomes, cuestionaba el operativo judicial y exigía una investigación exhaustiva. En ese contexto, parlamentarios del cartismo presionaron por la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y finalmente lograron la expulsión de la DEA de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en lo que muchos analistas interpretaron como una reacción defensiva.
Mientras la Junta de Gobierno permanece silente, la única respuesta oficial provino del Comando del Movimiento Honor Colorado, facción liderada por Cartes, mediante un comunicado que buscaba acallar críticas contra la administración de Santiago Peña. Este pronunciamiento coincidió con la indignación ciudadana ante la construcción de una lujosa mansión del presidente en San Bernardino y con la denuncia formal presentada por el juez Osmar Legal a la Fiscalía sobre los chats que revelaban un esquema de tráfico de influencias, presiones y blanqueo de magistrados.
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El presidente Santiago Peña mantuvo silencio durante casi dos semanas sobre el escándalo. Cuando finalmente habló, fue únicamente para confirmar que Honor Colorado había ordenado la renuncia del diputado Orlando Arévalo y para ratificar a Liliana Alcaraz y Marco Alcaraz como titulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y la Secretaría Nacional de Inteligencia, respectivamente. Esta actitud refuerza la percepción de que las decisiones políticas no provienen de las instituciones formales del partido, sino de estructuras paralelas vinculadas directamente al expresidente Cartes.
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La ausencia de debate interno contrasta con la gravedad de las acusaciones que emergen de los chats de Lalo Gomes, los cuales exponen presuntas redes de corrupción, tráfico de influencias y manipulación del sistema judicial. Este comportamiento genera interrogantes sobre la capacidad o voluntad del máximo órgano partidario para ejercer un control ético sobre sus miembros, especialmente cuando las revelaciones comprometen a figuras clave del gobierno actual y del movimiento político que controla los tres poderes del Estado.
Fuente: ABC
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