El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) adoptó una medida contundente al resolver enjuiciar de oficio a dos juezas de Paz presuntamente involucradas en la denominada “mafia de los pagarés”, un esquema que ha conmocionado al sistema judicial. La decisión, tomada a propuesta del ministro Manuel Ramírez Candia durante una sesión extraordinaria celebrada este lunes, contó con el respaldo unánime del colegiado, que además solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión sin goce de sueldo de ambas magistradas.
Las juezas Liliana González de Bristot, del Juzgado de Paz de San Roque, y Carmen Analía Cibils Miñarro, del Juzgado de Paz de La Encarnación, deberán enfrentar el proceso por irregularidades de extrema gravedad detectadas en la tramitación de juicios ejecutivos. El JEM designó como fiscales acusadores a Alejandra Benítez y Celso Ayala, respectivamente, para llevar adelante el procedimiento conforme establece la Ley N° 6814/2021.
Graves irregularidades detectadas en auditorías judiciales
La decisión del Jurado se fundamentó en las auditorías de reacción inmediata realizadas por la Corte Suprema de Justicia en ambos juzgados, cuyos resultados fueron puestos a conocimiento de los miembros del órgano extrapoder durante la sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2024.
Durante la sesión extraordinaria, el ministro Ramírez Candia detalló las irregularidades detectadas en el caso de la jueza González de Bristot, quien habría emitido resoluciones sin número ni fecha en 100 expedientes, tramitado 35 juicios ejecutivos sin contar con documentos obligacionales, firmado resoluciones en fechas indebidas en 7 expedientes y concretado notificaciones de forma irregular.
#Reiteramos | JEM ENJUICIARÁ A JUEZA DE PAZ, ANALÍA CIBILS
Además el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pidió su suspensión sin goce de sueldo. Fue sorteado como fiscal acusador el abogado Celso Ayala#780AM @Megatv_py pic.twitter.com/gTUfBJNNfX
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“Es un hecho notorio que afecta el interés general con una gran cantidad de ciudadanos que fueron víctimas de procesos irregulares”, expresó el ministro, destacando la gravedad de los hechos y su impacto en la ciudadanía.
Por su parte, el ministro César Garay, preopinante sobre las actuaciones de Cibils Miñarro, señaló que la magistrada cometió faltas consideradas graves dentro del ordenamiento de la propia Corte Suprema de Justicia. Entre las anomalías detectadas, resaltó que la jueza dictó resoluciones con una firma pero sin el sello correspondiente, y providencias sin fechas y sin el sello identificatorio con las que se iniciaron juicios ejecutivos para el embargo de salarios.
Garay enfatizó que “la gravedad del asunto es que la totalidad de expedientes auditados cuentan con innumerables anomalías procedimentales en juicios ejecutivos con aparente colusión con las partes autores, en detrimento del derecho de los demandados que desconocían las demandas en su contra”.
Fiscalía revela modus operandi del esquema fraudulento
La investigación del caso recibió un impulso significativo con el informe remitido por la Fiscalía al JEM el pasado 14 de febrero. Los agentes fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero destacaron haber detectado notificaciones realizadas en expedientes de preparación de acción ejecutiva y juicios ejecutivos efectuadas simultáneamente, en el mismo día y hora o en horas cercanas, en puntos geográficamente distantes.
Este hallazgo, que físicamente sería imposible de realizar por los ujieres notificadores en el tiempo registrado, sugiere la existencia de un esquema organizado con posible participación no solo del personal notificador sino también de actuarios y jueces.
La investigación fiscal también reveló situaciones en las que se habría dado trámite a acciones preparatorias de juicios ejecutivos sin que se haya agregado al expediente el pagaré correspondiente, lo que constituye una grave anomalía procesal. Asimismo, los fiscales encontraron evidencia del uso indebido de acordadas dictadas por la Corte durante la pandemia, que suspendían plazos procesales, con el propósito de salvar caducidades de acciones promovidas en 2023.
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La magnitud del caso “mafia de los pagarés” plantea serios interrogantes sobre la integridad del sistema judicial paraguayo, particularmente en los juzgados de paz, instancias que manejan causas de menor cuantía pero que afectan directamente a la ciudadanía más vulnerable.
El proceso iniciado por el JEM representa un paso significativo hacia la depuración institucional, aunque el desafío radica en determinar el alcance real de la red y las eventuales conexiones con otros estamentos del sistema judicial.
Fuente: ABC Color
