La institucionalidad judicial paraguaya enfrenta hoy una prueba de fuego al decidir sobre la depuración o el encubrimiento de graves irregularidades en su seno. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sesionará extraordinariamente a las 11:00 horas para analizar la situación de las juezas Analía Cibils, del Juzgado de Paz de Encarnación, y Liliana González de Bristot, del Juzgado de Paz de San Roque, salpicadas hasta el cuello en el escandaloso caso de la denominada “mafia de los pagarés”.
El vergonzoso esquema criminal, cuyas evidencias fueron confirmadas por una exhaustiva auditoría de la Corte Suprema de Justicia, ahora queda a merced de un órgano juzgador cuya propia credibilidad pende de un hilo. La decisión recae sobre los integrantes del JEM: Alicia Pucheta, los ministros César Garay y Manuel Ramírez Candia; los senadores Mario Varela y Derlis Maidana; el diputado Alejandro Aguilera y el abogado Enrique Berni, quienes deberán demostrar si están comprometidos con la justicia o con el perpetuo encubrimiento que ha caracterizado a esta institución.
Inicia la sesión extraordinaria del @Jem_py
Se analiza el enjuiciamiento de oficio de las juezas de paz Liliana de Bristot y Analía Cibils @1000_am @observapy pic.twitter.com/JgkHnnLKvj
— Perla Silguero Zárate (@PerlaSilguero) February 24, 2025
Circulan en los pasillos judiciales rumores sobre presiones descomunales para que las magistradas sean meramente investigadas pero mantenidas en funciones, una postura inadmisible ante la montaña de irregularidades que apuntan a su participación en una estructura delictiva de proporciones alarmantes. El mantenimiento de estas funcionarias en sus cargos representaría no solo una bofetada a la ética judicial sino un obstáculo flagrante para las investigaciones del Ministerio Público, creando la absurda situación donde los fiscales deberían solicitar informes a las propias investigadas.
El JEM, institución que deglutirá este 2025 la astronómica suma de 44.000 millones de guaraníes del erario público —destinando más de 38.000 millones al pago de 256 funcionarios y unos 50 contratados—, tiene la oportunidad de lavarse el rostro ante una ciudadanía que lo percibe como un nido de tráfico de influencias y corrupción. Los sueldos estratosféricos que perciben sus directores (unos 27.950.000 guaraníes mensuales) contrastan escandalosamente con su escasa efectividad en la depuración del sistema judicial.
La podredumbre institucional del JEM quedó brutalmente expuesta con los chats entre el exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes y el exmiembro y exdiputado Orlando Arévalo, donde se evidenciaron maniobras para blanquear a fiscales y jueces cuestionados, incluyendo presuntas coimas que ahora deberán ser investigadas por un Ministerio Público tan cuestionado como el propio Jurado.
La ciudadanía observa con indignación cómo este órgano, creado para garantizar la idoneidad del sistema judicial, se ha convertido en una fachada para perpetuar un Poder Judicial donde se comercializan fallos y un Ministerio Público donde se negocian imputaciones y sobreseimientos al mejor postor. La decisión de hoy representa mucho más que el destino de dos juezas: constituye un termómetro sobre la capacidad del sistema para autoevaluarse y corregirse.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
Más allá de Cibils y González de Bristot, la permanencia de otros jueces de paz capitalinos como Gustavo Villalba y Nathalia Garcete en sus respectivos juzgados representa un obstáculo mayúsculo para las investigaciones. Es materialmente imposible esperar que los involucrados en un esquema criminal respondan con honestidad a requerimientos que podrían incriminarlos, creando un círculo vicioso de impunidad.
El desenlace de esta sesión extraordinaria determinará si el JEM continúa siendo un ente nauseabundo al servicio de intereses espurios o si finalmente asume su rol constitucional de guardián de la integridad judicial. La ciudadanía, hastiada de escándalos y encubrimientos, observa expectante esta nueva oportunidad para el sistema de demostrar si existe alguna posibilidad de reforma o si la degradación institucional ha alcanzado un punto de no retorno en la justicia paraguaya.
Fuente: El Observador
