Denuncian que intendenta cartista de Quyquyhó utiliza el Tekoporã Mbarete con fines electorales

A la redacción de RDN llegó una denuncia que expone un supuesto uso político-electoral de la entrega de tarjetas del programa social Tekoporã Mbarete, que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

El señalamiento se basa en un audio atribuido a Eriberto Bogado, funcionario del correo que prestaría servicios a la intendenta de Qyquyhó del movimiento Honor Colorado y esposa del diputado Esteban Samaniego, Patricia Corvalán.

En la grabación se le escucha hablar de una convocatoria prevista para mañana viernes a las 11:00. “Eso la intendenta quiere politiquear y por eso quiere entregar la tarjeta a todos”, afirma en el audio, dejando entrever que la entrega del beneficio estaría vinculada a una actividad política.

En otro tramo, Bogado señala: “Yo ando entregando la tarjeta indiscutiblemente, en mi mano tiene que pasar esto, por correo tiene que pasar esto, a mi cargo”. Luego agrega que la intendenta “atajó para politizar para hacer campaña política”.

También menciona: “Seguramente va a hacer campaña para Ruth Mercedes Medina con mucha gente, ese es el tema”. La mencionada, es candidata a intendenta por la ANR, y también figura junto a su esposo, en el esquema que el Ministerio Público investiga por administración en provecho propio y asociación criminal.

Entrega directa y pedido de discreción

El audio también hace referencia a una supuesta entrega directa del beneficio. “No le cuentes a nadie que yo primero le entregué”, se escucha decir al funcionario, lo que genera más dudas sobre la transparencia del proceso.

En la grabación se mencionan además los requisitos para acceder a la tarjeta, como la fotocopia de la cédula y la realización de trámites bancarios previos. También se aclara que el cobro no sería inmediato.

Contexto político y situación judicial

Patricia Corvalán es intendenta de Qyquyhó por la ANR, por el movimiento Honor Colorado, y cumple el periodo 2021-2026. Es esposa del diputado cartista imputado Esteban Samaniego.

La jefa comunal enfrenta una acusación por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. El caso está relacionado con una supuesta malversación de G. 1.100 millones durante su primera gestión, que fue invertido para construir una vivienda en el barrio San Vicente, de Asunción.

El pasado 2 de febrero presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de ser habilitada nuevamente como candidata. Argumenta que el periodo que completó tras la renuncia de su esposo no debe computarse como un mandato completo.