El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó formalmente la renuncia de Carmen Elizabeth Silva Bóveda, quien se desempeñaba como jueza penal de sentencia N° 3 de la Circunscripción Judicial de Amambay. La decisión fue tomada durante la sesión ordinaria del máximo tribunal, en la que participaron de manera presencial ocho de los nueve ministros: César Diesel (presidente), Luis María Benítez Riera, Eugenio Giménez Rolón, Carolina Llanes, Víctor Ríos, Manuel Ramírez, Gustavo Santander y César Garay Zuccolillo, registrándose únicamente la ausencia de Alberto Martínez Simón.
La magistrada se encontraba bajo un proceso de sumario administrativo, ordenado por la propia Corte para investigar, comprobar y esclarecer los hechos denunciados en relación a conversaciones que mantuvo con el fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes. Cabe recordar que el pasado 19 de febrero, la CSJ ya había dispuesto la suspensión de Silva en sus funciones y cargo, sin goce de salario, atendiendo a un pedido formulado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que también había iniciado acciones contra la jueza.
La figura de Silva cobró notoriedad pública en noviembre de 2022, cuando integró el Tribunal de Sentencia que absolvió de culpa y reproche a Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, único procesado por el homicidio del periodista brasileño Leo Veras, ocurrido el 12 de febrero de 2020. Esta controvertida decisión, adoptada junto a sus colegas Ana Aguirre y Mirna Soto, incluyó la orden de inmediata libertad del acusado, generando un amplio cuestionamiento en la opinión pública. Posteriormente, la sentencia absolutoria fue anulada por un Tribunal de Apelación de Amambay mediante el Acuerdo y Sentencia N° 7 dictado en marzo de 2023, que además ordenó la realización de un nuevo juicio, el cual hasta la fecha no se ha concretado debido a que el principal sospechoso permanece prófugo.
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El segundo episodio que comprometió la situación de la jueza fue la filtración de conversaciones con el diputado “Lalo” Gomes, en las cuales, según denuncias públicas, la magistrada habría advertido al legislador sobre la inminente realización de allanamientos en Pedro Juan Caballero. Estas comunicaciones, reveladas tras el fallecimiento del parlamentario, estarían vinculadas a los 26 procedimientos ejecutados en el marco del operativo “Pavo Real”, una investigación dirigida contra Jarvis Chimenes Pavão, en cuya segunda fase fue mencionado el propio Gomes por presuntos vínculos con un esquema de lavado de dinero del narcotráfico.
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Los mensajes intercambiados entre la jueza y el diputado fueron calificados por expertos jurídicos como una grave falta ética y un posible delito agravado. Un jurista citado en medios locales señaló que “advertir de allanamientos que serán realizados, con el riesgo evidente de afectar sus resultados, desde un juzgado que claramente tuvo acceso privilegiado a dicha información, es un delito agravado”. Esta conducta habría comprometido seriamente la efectividad de los operativos al brindar información privilegiada que permitiría a los investigados tomar medidas para eludir la acción de la justicia.
Fuente: ABC Color
