La Corte Suprema de Justicia resolvió abrir un sumario administrativo a las juezas penales Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez por presunta asociación con el crimen organizado. Durante una sesión extraordinaria, celebrada el viernes 8 de febrero, se aprobó además la suspensión sin goce de sueldo de Silva y se remitió el caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público para investigar posibles delitos.
La moción fue presentada por la ministra María Carolina Llanes, quien argumentó que la decisión surge de mensajes encontrados en el celular del diputado fallecido Lalo Gomes. Según estos registros, las magistradas habrían colaborado activamente con grupos criminales para favorecer sus intereses, utilizando su posición en el sistema judicial.
El pleno también aprobó la auditoría de las causas que estuvieron bajo la supervisión de ambas juezas, como lo propuso el ministro Alberto Martínez Simón. Este procedimiento busca identificar posibles irregularidades y obtener datos que puedan complementar las investigaciones en curso tanto en el Ministerio Público como en el JEM.
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Entre los hechos revelados por los mensajes, la jueza Silva habría solicitado al diputado Gomes interceder a favor de Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, supuesto integrante del grupo criminal PCC, procesado por el asesinato del periodista Leo Veras en 2020. En otro mensaje, Silva buscaba apoyo para evitar la suspensión de su colega Ana Aguirre.
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El ministro Eugenio Jiménez Rolón señaló que este caso atenta contra la institucionalidad y podría implicar delitos como prevaricato y obstrucción de la persecución penal. Asimismo, el presidente de la Corte, César Diesel, solicitó reforzar la seguridad del juez denunciante Osmar Legal y que se le otorgue un vehículo blindado para garantizar su integridad.
Fuente: ABC Color
