El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción dictó este miércoles una sentencia condenatoria contra Eladio Ramón Alcaraz Pereira, exintendente de Mariscal José Félix Estigarribia, Chaco paraguayo. El exjefe comunal deberá cumplir 4 años y 6 meses de prisión por haber desviado más de mil millones de guaraníes destinados a la educación de comunidades vulnerables en el departamento de Boquerón.
Fondos millonarios desviados de su objetivo social
El tribunal, presidido por la jueza Elsa García e integrado por los magistrados Adriana Planás y Matías Garcete, determinó que el condenado sustrajo G. 1.054.108.443 de las arcas municipales durante el ejercicio fiscal 2013. Estos recursos provenían específicamente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), dinero que debía ser destinado al mejoramiento de la infraestructura educativa en beneficio de niños y jóvenes de las comunidades indígenas de la región.
«Dinero enviado por el estado a través del rubro Fonacide no fue utilizado y eso generó un perjuicio patrimonial de cerca de G 154 millones», comentó el Fiscal, sobre la sentencia a Eladio Ramón Alcaraz por desvío de fondos. pic.twitter.com/mzBO9KUB9t
— El Observador (@observapy) March 5, 2025
De acuerdo con la investigación fiscal, en 2013 el entonces Ministerio de Hacienda transfirió a la Municipalidad de Mariscal Estigarribia un total de G. 3.936.471.345, discriminados en tres conceptos principales: G. 1.536.009.249 correspondientes al Fonacide; G. 2.267.678.126 en concepto de royalties; y G. 132.783.970 provenientes de transferencias de juegos de azar. Del monto total, el exintendente desvió más de mil millones de guaraníes sin contraprestación alguna.
La maniobra fraudulenta quedó expuesta cuando el 31 de marzo de 2014, Alcaraz Pereira presentó ante la Contraloría General de la República la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013. En el documento, el entonces intendente consignó en el ítem “total pagado” del rubro Fonacide la suma de G. 1.248.461.234, pero solo presentó documentación respaldatoria por G. 194.351.791, dejando sin justificar más de mil millones de guaraníes.
Impacto en las comunidades vulnerables
Durante la lectura del fallo, la magistrada Elsa García enfatizó la gravedad del hecho, destacando el perjuicio causado a las poblaciones más vulnerables del distrito chaqueño. “Los fondos provenientes de la Ley del Fonacide eran para el mejoramiento de la oferta educativa. Ese dinero debía llegar a la franja vulnerable de personas que tienen derecho a la educación, como son los niños y jóvenes de las comunidades indígenas, pero eso no ocurrió. He ahí la gravedad de la conducta del intendente”, señaló la jueza.
El fiscal anticorrupción Luis Piñánez, quien representó al Ministerio Público durante el juicio, logró probar que los recursos fueron utilizados para fines ajenos a su objetivo original, afectando directamente a uno de los departamentos con mayores carencias del país. En sus alegatos finales, el fiscal había solicitado una pena de 6 años y 6 meses de prisión, aunque manifestó conformidad con la sentencia dictada por el tribunal.
Piñánez valoró especialmente la decisión del colegiado de permitir la declaración de las víctimas a través de medios telemáticos durante el juicio oral. “Con esos testimonios se pudo identificar el enorme perjuicio ocasionado a las comunidades indígenas de Mariscal Estigarribia”, explicó el representante del Ministerio Público.
Conducta obstructiva agravó la situación del condenado
El proceso judicial contra Alcaraz Pereira estuvo marcado por maniobras dilatorias que contribuyeron a agravar su situación procesal. El juicio debía iniciarse el 22 de noviembre de 2023, pero el acusado no se presentó, alegando supuestos problemas de hipertensión para justificar su inasistencia.
Ante esta situación, el Tribunal de Sentencia ordenó una verificación médica en su domicilio. Cuando la doctora Josefina Silva, médica forense de la Circunscripción Judicial de Boquerón, se constituyó en la residencia del acusado, constató que este no se encontraba en el lugar. La profesional informó al tribunal sobre la demora en la inspección, señalando que tuvieron que llamarlo para que regresara a su casa y pudiera realizarse la evaluación médica correspondiente.
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Como consecuencia de estas acciones obstructivas, en diciembre de 2023 el colegiado de sentencia decretó la prisión preventiva de Alcaraz, quien actualmente cumple la medida cautelar en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Al momento de anunciar el fallo condenatorio, la presidenta del tribunal subrayó que la conducta dilatoria del exintendente fue considerada como un agravante al determinar la pena a imponer.
El caso de Mariscal Estigarribia evidencia una vez más la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la administración de recursos públicos, particularmente aquellos destinados a sectores vulnerables de la población. La malversación de fondos del Fonacide no solo constituye un delito contra el patrimonio del Estado, sino que principalmente representa una violación directa al derecho a la educación de comunidades históricamente postergadas en el Chaco paraguayo.
Fuente: ABC Color
