La Entidad Binacional Itaipú, bajo la administración de Justo Zacarías, adjudicó recientemente un millonario contrato a la firma china Kamamya SA para la provisión de muebles escolares destinados a instituciones educativas paraguayas. El llamado, identificado con el código NE 1809-24, asciende a la suma de G. 276 mil millones (aproximadamente USD 35 millones) y contempla la adquisición de conjuntos mobiliarios pedagógicos compuestos por mesas y sillas, en el marco de un convenio de cooperación entre la binacional y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Restricciones que marginan a empresas nacionales
El proceso licitatorio ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por presuntas irregularidades que apuntan a un direccionamiento en favor de la empresa asiática. Entre las principales anomalías detectadas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) destaca la imposibilidad de participación de la industria nacional, debido a que los componentes requeridos para la fabricación de los muebles, como caños metálicos, tableros y elementos plásticos, fueron especificados de manera que solo podían ser suministrados por proveedores extranjeros.
Denuncian supuesto “fatazo” de Itaipú en la compra de pupitres de China
El Centro de Industriales Metalúrgicos denuncia la supuesta licitación de Itaipú para la compra de aproximadamente 350.000 pupitres de una empresa china, cuyo valor ascendería a los USD 35 millones. Según… pic.twitter.com/6BzA6b0LIa
— Radio Ñandutí (@nanduti) December 30, 2024
Otro factor limitante fue el exiguo plazo establecido por la binacional: apenas 11 días desde la publicación de la convocatoria hasta la sesión pública de apertura de ofertas. Este período resultó insuficiente para que los potenciales oferentes locales pudieran cumplir con requisitos esenciales como consultar precios de importación, conseguir representaciones, visar y traducir documentación, fabricar muestras o importarlas, y elaborar propuestas económicas competitivas.
Esta situación fue denunciada a principios de enero por el Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME), cuyo presidente José Huidobro actuó como portavoz junto al senador liberal Eduardo Nakayama, quienes alertaron sobre las condiciones restrictivas impuestas en el proceso licitatorio.
Contradicción con las promesas presidenciales
La adjudicación a una empresa extranjera representa una contradicción flagrante con las promesas de campaña del presidente Santiago Peña, quien al asumir el cargo en agosto de 2023 se comprometió a generar 500.000 nuevos puestos de trabajo para los paraguayos. Según estimaciones del CIME, la fabricación local de estos muebles escolares habría creado aproximadamente 1.200 empleos directos, beneficiando a cerca de 4.000 personas considerando sus grupos familiares.
Sin embargo, las exigencias técnicas establecidas por Itaipú en el pliego licitatorio prácticamente cerraron las puertas a la participación de la industria nacional, favoreciendo a compañías foráneas con acceso a insumos específicos de origen chino, lo que evidencia una política contradictoria con los discursos oficiales sobre la promoción del empleo y la industria paraguaya.
Perfil cuestionable del proveedor seleccionado
La empresa adjudicada, Kamamya SA, presenta un historial que genera dudas sobre su idoneidad para este contrato millonario. La firma no cuenta con registros como proveedor habitual del Estado paraguayo y sus operaciones comerciales se han concentrado principalmente en la exportación de productos textiles como telas e hilos.
Perteneciente al grupo empresarial Qin Yi América SA, con sede regional en Ciudad del Este, Kamamya opera en Paraguay desde 2008. En 2018, la empresa fue objeto de una intervención oficial debido a las precarias condiciones laborales que ofrecía a sus trabajadores, lo que plantea interrogantes sobre su compromiso con los estándares sociales y laborales del país.
Entre sus representantes figuran Lisa Jiang Juying y Long Juang, este último vinculado al abogado Blas Pereira y con conexiones documentadas con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, con quien fue visto en un encuentro en la residencia oficial Mburuvicha Róga.
La asignación de un contrato de esta magnitud a una empresa con antecedentes cuestionables y vínculos políticos evidentes ha despertado sospechas sobre la transparencia del proceso y el cumplimiento de los principios de libre competencia que deberían regir las contrataciones públicas.
Oportunidad perdida para el desarrollo industrial
Este caso refleja un patrón preocupante en la gestión de los recursos de Itaipú, donde las decisiones parecen priorizar intereses ajenos al desarrollo nacional. La exclusión de la industria paraguaya de un proyecto que podría haber dinamizado significativamente el sector metalúrgico y maderero local constituye una oportunidad perdida para fortalecer la capacidad productiva del país.
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Los USD 35 millones adjudicados representan una inyección económica considerable que, de haber quedado en manos de empresas nacionales, habría generado un efecto multiplicador en la economía paraguaya, contribuyendo a la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales y el fortalecimiento del tejido industrial.
La persistencia de estas prácticas contradice los principios de soberanía energética y aprovechamiento de los recursos nacionales que deberían guiar la administración de una entidad como Itaipú, cuya misión incluye contribuir al desarrollo sostenible de Paraguay.
Fuente: Última Hora
