El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dio lugar a la acción contencioso-administrativa interpuesta por dos exmiembros del Comité de Administración del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) contra decretos presidenciales emitidos por Santiago Peña. La resolución judicial determina que el Presidente no respetó los mandatos vigentes al designar nuevos directivos en la institución.
La demanda fue presentada por Óscar Miguel Silvera Gallinar y Guido Benítez Segovia contra los decretos presidenciales N° 652/2023 y 609/2023, mediante los cuales el mandatario nombró nuevos miembros en el Comité de Administración de ERSSAN, ignorando que los demandantes aún contaban con mandatos en vigor. Según los documentos presentados, Silvera Gallinar fue designado el 26 de septiembre de 2022 como representante de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), mientras que Benítez Segovia ejercía como vicepresidente desde la misma fecha.
Ambos funcionarios contaban con nombramientos por cinco años, por lo que sus mandatos debían concluir en septiembre de 2027. Sin embargo, el presidente Peña emitió decretos designando a Ricardo Arroyo Torres como representante de OPACI y a Julio Roque Santacruz Rejalaga como vicepresidente del Comité, interrumpiendo prematuramente los periodos de los demandantes.
Los ministros María Celeste Jara Talavera, César Emilio Diesel y Edward Vittone Rojas, integrantes de la Sala Penal, resolvieron hacer lugar parcialmente a la acción planteada, revocando ambos decretos presidenciales y ordenando la reposición inmediata de Silvera Gallinar y Benítez Segovia en sus respectivos cargos. La resolución judicial establece claramente que no se respetaron los plazos legales de designación.
Adicionalmente, el Tribunal ordenó a la institución abonar los salarios básicos caídos desde la fecha de emisión de los decretos presidenciales hasta el efectivo cumplimiento del Acuerdo y Sentencia. Esta decisión representa un importante precedente respecto a la autonomía de los entes reguladores y los límites del poder presidencial para remover directivos antes del vencimiento de sus mandatos.
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Como consecuencia directa de esta resolución judicial, los funcionarios designados por el presidente Peña, Ricardo Arroyo Torres y Julio Roque Santacruz Rejalaga, deberán abandonar sus posiciones para permitir la restitución de las autoridades legitimadas por la justicia. El fallo destaca la importancia de respetar los periodos establecidos para garantizar la continuidad institucional y la seguridad jurídica en las entidades públicas.
Fuente: ABC Color
