Actualmente, cuatro miembros de la Cámara de Diputados mantienen sus fueros parlamentarios a pesar de contar con solicitudes de desafuero pendientes, lo que les impide ser procesados por la justicia.
Estos casos evidencian una situación de protección institucional, ya que ninguno de los procesos judiciales está relacionado con “dichos en su rol parlamentario”, sino con presuntos hechos de corrupción o, en un caso, supuesta persecución política. Los legisladores involucrados pertenecen a distintas facciones políticas: uno del cartismo, dos del bloque liberocartista y uno del movimiento abdista.
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El diputado cartista Esteban Samaniego encabeza la lista con cuatro pedidos de desafuero por causas diferentes y tres urgimientos adicionales, sin que esto haya afectado su permanencia en la banca legislativa. Su gestión parlamentaria ha sido calificada como deficiente, caracterizada por intervenciones confrontativas durante las sesiones.
Entre las acusaciones contra Samaniego figura la presunta malversación de G. 1.100 millones durante su gestión como intendente de Quyquyhó, además de tres causas adicionales por supuesta violación de domicilio y agresión contra adversarios políticos y una controladora de entradas en un evento deportivo.
Los diputados liberocartistas Roya Torres y Cleto Giménez enfrentan pedidos de desafuero relacionados con el presunto cobro indebido de honorarios en calidad de cómplices. Ambos casos involucran a sus hijos, quienes habrían percibido salarios como funcionarios de la Cámara Baja sin asistir a trabajar. El hijo de Torres, Elías Godoy Torres, logró una suspensión condicional del procedimiento tras comprometerse a devolver G. 50.666.000 cobrados indebidamente y donar otros G. 50 millones como reparación del daño social, mientras que Torres permanece implicada como cómplice pero protegida por sus fueros parlamentarios.
En similar situación se encuentra el diputado Cleto Giménez, cuyas hijas Danna Marcela y Johana Denisse Giménez Rotela fueron obligadas a devolver G. 67.300.000 a la Cámara de Diputados y realizar donaciones equivalentes a instituciones benéficas como reparación por el daño causado. Sin embargo, el parlamentario continúa amparado por sus fueros a pesar de su presunta complicidad en estos hechos irregulares que involucran fondos públicos asignados al poder legislativo.
El cuarto legislador con solicitud de desafuero pendiente es Mauricio Espínola (ANR-FR), perteneciente al grupo político del expresidente Mario Abdo Benítez. Este caso difiere de los anteriores, pues deriva de una denuncia presentada por el expresidente y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, por “supuesta filtración de secretos”.
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Aunque la solicitud ingresó el año pasado y cuenta con dictamen de rechazo, recientemente Espínola anunció su intención de solicitar voluntariamente su desafuero para someterse a la justicia, tras conocerse la acusación formal del Ministerio Público contra otros investigados en la misma causa.
La situación de estos cuatro diputados pone de manifiesto el debate sobre el uso y posible abuso de los fueros parlamentarios el país. Mientras tres de ellos enfrentan acusaciones relacionadas con la malversación de fondos públicos o irregularidades administrativas, el cuarto caso parece estar vinculado a disputas políticas internas en la Asociación Nacional Republicana.
Fuente: ABC Color
