La Itaipú Binacional, bajo la dirección paraguaya del exdiputado cartista Justo Zacarías Irún, suspendió el 6 de agosto de 2024 el primer llamado a licitación para la adquisición de aproximadamente 329.000 muebles escolares. Si bien la entidad binacional justificó formalmente esta suspensión alegando la necesidad de “revisar las especificaciones técnicas y realizar ajustes en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)”, documentación reciente revela que la verdadera razón habría sido la inadecuada situación registral de la empresa Kamamya SA, propiedad del empresario de origen chino Long Jian. Esta información arroja nueva luz sobre el proceso licitatorio por casi USD 32 millones que ha generado controversia debido a las aparentes irregularidades en su desarrollo.
El proceso inicialmente identificado como NA 0880-24, publicado el 5 de julio de 2024, experimentó dos modificaciones previas (el 19 y 25 de julio) antes de su suspensión oficial en agosto. Lo revelador del caso es que, según documentación a la que tuvo acceso el medio ABC, la empresa Kamamya SA (también conocida como Qin Yi América SA) obtuvo recién el 25 de julio un timbrado que incluía la fabricación de muebles, cuando el primer llamado ya estaba en marcha. Más significativo aún, los registros oficiales indican que esta compañía incorporó como actividades económicas la “fabricación de muebles de metal” y la “fabricación de otros productos de plástico” apenas el 1 de septiembre de 2024, casi un mes después de la suspensión de la licitación, mientras que la «fabricación de muebles de otros materiales” fue agregada el 1 de octubre.
La cronología de estos hechos sugiere que la suspensión del primer llamado habría servido para que Kamamya SA, empresa principalmente dedicada a la fabricación de sábanas y edredones, pudiera regularizar su situación administrativa y prepararse para un segundo llamado más favorable a sus intereses. Esta sospecha se refuerza al analizar las facturas presentadas por la empresa en el segundo llamado, publicado el 29 de noviembre. Los comprobantes, con numeración baja (015, 016 y 017) y fechados el mismo día de la nueva licitación, buscaban justificar una experiencia en el rubro de mobiliario que aparentemente no existía durante el primer proceso licitatorio.
Un análisis comparativo entre los pliegos de bases y condiciones del primer y segundo llamado revela modificaciones significativas que, según denunciaron gremios metalúrgicos y del acero, apuntaban a favorecer la importación de productos fabricados en China. Entre los cambios más notables figura la inclusión de especificaciones técnicas muy puntuales para piezas sin disponibilidad en el mercado paraguayo, lo que habría direccionado la licitación hacia productos importados. Estas alteraciones refuerzan la hipótesis de un pliego diseñado “a medida” para beneficiar a la empresa de Long Jian con un contrato valorado en más de G. 248.713 millones (aproximadamente USD 32 millones).
Leé más: El oscuro trasfondo de la millonaria licitación de pupitres chinos
El exdiputado Jorge Brítez y el exconcejal municipal de Ciudad del Este, Celso Miranda, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Regional de Ciudad del Este por presuntos hechos de lesión de confianza grave, hechos punibles contra la prueba documental y asociación criminal. El fiscal Osvaldo Zaracho, encargado inicialmente del caso, informó que la denuncia será remitida a Asunción para su evaluación por una unidad especializada, siguiendo el protocolo para casos que requieren análisis de territorialidad, cuantía y especialidad.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
La polémica adquisición de pupitres escolares por parte de Itaipú Binacional representa un caso emblemático de las denuncias sobre posibles irregularidades en licitaciones públicas en Paraguay. La secuencia cronológica de registros comerciales tardíos, modificaciones en los pliegos de condiciones y la suspensión del primer llamado configuran un escenario que ha generado serios cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la posible existencia de un direccionamiento para favorecer a una empresa específica. Las autoridades judiciales deberán ahora determinar si existieron efectivamente conductas punibles en un contrato que compromete recursos significativos del Estado paraguayo destinados a equipamiento educativo.
Fuente: ABC Color
