En agosto de 2023, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) adjudicó un contrato por G. 90.987.000 para el soporte técnico de un software de facturación electrónica, a través de una contratación directa donde participaron tres empresas con vínculos empresariales entre sí. La adjudicación quedó en manos de IDL SA, firma que forma parte del Grupo Vázquez, al igual que ITTI, la empresa que previamente había presentado el presupuesto base.
El proceso licitatorio, registrado bajo el ID N° 425214 en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), fue convocado el 7 de junio de 2023, aún durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y pocos días después de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Santiago Peña. La apertura de sobres se realizó el 22 de junio, y el contrato se firmó el 7 de agosto del mismo año, ya con Peña en la Presidencia.
Las empresas oferentes fueron ITTI Saeca, IDL SA e Technoma SACI. Todas presentaron propuestas con diferencias mínimas en el precio por hora de servicio: ITTI ofertó G. 700.000, Technoma G. 701.000 e IDL G. 699.900. Esta última resultó adjudicada con una diferencia de solo G. 100 por hora respecto al presupuesto de ITTI, empresa del mismo grupo.
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El software a ser soportado, denominado Factory, fue desarrollado por IDL, y el pliego técnico se basó en un presupuesto proporcionado por ITTI, lo cual evidencia un circuito cerrado entre proveedor, desarrollador y adjudicatario. Tanto ITTI como IDL comparten pertenencia al Grupo Vázquez, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso.
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El contrato fue firmado por Óscar Urdapilleta y Guillermo Vázquez en representación de IDL. Ambos figuran como vinculados a UENO Holding, donde Santiago Peña fue accionista antes de asumir la presidencia. Por parte de la AFD, firmaron Óscar Lovera y Teresa Rivarola de Velilla. Posteriormente, Lovera fue designado viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta secuencia de acontecimientos revela un entramado de relaciones empresariales y políticas que comprometen la transparencia y legitimidad del proceso de contratación.
Fuente: ABC Color
