El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó durante su visita oficial a la Casa Blanca que su gobierno no devolverá a Estados Unidos ni liberará a Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño que fue deportado «por error» según admitió la administración de Donald Trump. Ábrego permanece recluido en una controvertida cárcel de máxima seguridad en El Salvador, pese a contar con una orden judicial estadounidense que protegía su permanencia en territorio norteamericano.
Al ser interrogado por periodistas durante su comparecencia junto al presidente estadounidense, Bukele respondió enfáticamente en inglés: «¿Cómo puedo devolver un criminal a Estados Unidos? ¿Meter un terrorista ilegalmente? La pregunta es absurda. No tengo el poder de devolverlo a Estados Unidos». Cuando los reporteros consultaron sobre la posibilidad de liberar a Ábrego en territorio salvadoreño, el mandatario centroamericano también lo descartó categóricamente: «No somos muy partidarios de liberar terroristas en nuestro país», afirmó, ignorando que no existen registros de que Ábrego García haya sido acusado formalmente de ningún delito ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
EEUU deporta a un inmigrante sin ningún antecedente a una prisión de El Salvador.
EEUU reconoce que fue un error administrativo.
Sentados uno junto a otro, Trump dice que no puede hacer nada y Bukele dice que tampoco puede hacer nada.pic.twitter.com/7XKCm04JBE
— Principia Marsupia (@pmarsupia) April 14, 2025
El caso ha adquirido relevancia internacional después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolviera la semana pasada que el gobierno norteamericano debe «facilitar» el regreso de Ábrego, ratificando así la orden previa de la juez federal Paula Xinis. Esta magistrada determinó que la deportación de Ábrego violó una resolución judicial de 2019 que establecía que no debía ser expulsado porque su seguridad corría peligro si regresaba a El Salvador. Si bien los abogados del Departamento de Justicia calificaron lo ocurrido como un «error administrativo», Stephen Miller, segundo jefe de gabinete del presidente Trump, contradijo esta versión al afirmar este lunes que la deportación «no había sido un error» y que «fue el hombre correcto enviado al lugar correcto».
La situación de Ábrego García se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de las políticas migratorias de la actual administración Trump. Según consta en su expediente judicial, Ábrego llegó a Estados Unidos en 2011 huyendo de amenazas de grupos criminales salvadoreños y se estableció en Maryland junto a un hermano con ciudadanía estadounidense. En 2019 fue detenido en las afueras de Washington mientras buscaba empleo en una cadena de tiendas de bricolaje. Aunque los agentes de Inmigración lo acusaron de pertenecer a la mara MS-13, acusación que él siempre negó, en octubre de ese mismo año logró que un tribunal suspendiera indefinidamente su deportación por el riesgo de sufrir violencia o torturas en su país natal.
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Tras obtener esa protección judicial, Ábrego trabajó regularmente en la industria metalúrgica estadounidense y mantuvo su vida en orden, presentándose puntualmente a todas las citas requeridas por las autoridades migratorias. Sin embargo, el 12 de marzo de 2025 fue detenido cuando, después de su jornada laboral, acababa de recoger a su hijo en casa de su abuela. Los agentes le informaron que ya no contaba con protección para permanecer en territorio estadounidense. Días después, fue deportado a El Salvador e internado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que el gobierno de Bukele construyó a las afueras de San Salvador y que ha sido objeto de múltiples denuncias por hacinamiento y maltrato por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos.
La controversia diplomática se intensificó cuando la juez Xinis ordenó explícitamente su retorno a Estados Unidos, afirmando que la acusación de pertenencia a la MS-13 se había basado en una «única y no probada acusación». El gobierno de Trump recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo, argumentando que la juez pretendía interferir en la dirección de la política exterior estadounidense, competencia exclusiva del presidente. Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal Supremo mantuvo la orden de la magistrada.
Fuente: BBC
