Itaipú Binacional mantiene seis procesos licitatorios abiertos por un valor total de USD 10.979.777, abarcando desde infraestructura de agua potable hasta servicios de telefonía móvil corporativa y seguros. Estos llamados se desarrollan sin la supervisión de la Contraloría General de la República (CGR) ni la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), organismos que carecen de facultades para fiscalizar las contrataciones de la entidad binacional.
La falta de control sobre estos procesos genera preocupación entre especialistas del sector energético, quienes señalan que la situación contradice disposiciones constitucionales. Ricardo Canese, experto en el área, afirma que el presidente Santiago Peña incumple la Constitución Nacional al no solicitar a la CGR que audite las compras de la binacional, algunas de las cuales han sido objeto de denuncias por supuestos hechos de corrupción.
Los recientes antecedentes incrementan la inquietud sobre la transparencia en las licitaciones de Itaipú. En diciembre de 2023, la entidad adjudicó un contrato por USD 32 millones para la adquisición de 330.000 muebles escolares de origen chino, una compra que generó cuestionamientos por sus montos y procedimientos. Esta operación se suma a otras adquisiciones polémicas, como USD 3,5 millones en muebles brasileños para oficinas y la intención de adquirir equipos de vigilancia a través de la Fundación del Parque Tecnológico.
El vacío de fiscalización se debe a que tanto la DNCP como la CGR carecen de autoridad legal para intervenir en las contrataciones binacionales. La Ley 7021/2022 de Contrataciones Públicas excluye expresamente a Itaipú y Yacyretá de su ámbito de aplicación. Por su parte, la Ley 6763/21, que facultaba a la Contraloría para realizar auditorías periódicas a estas entidades, se encuentra suspendida debido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y pendiente de resolución en la Corte Suprema.
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El hermetismo de la binacional alcanza también al Poder Legislativo, cuyos pedidos de informes son frecuentemente desatendidos. Según Canese, esta situación se agrava considerando que desde 2024, tras la cancelación de la deuda de construcción, Paraguay recibe aproximadamente USD 765 millones anuales de Itaipú. El analista sostiene que el presidente ha fijado «una tarifa superior al costo del servicio, violando el tratado, para que sobre y quede un remanente» que se utiliza discrecionalmente.
Las seis licitaciones actualmente en proceso incluyen diversos rubros estratégicos y servicios esenciales para la operación de la entidad. La única manera de que estas contrataciones sean auditadas sería mediante una orden directa del presidente de la República o de los directores paraguayos en la binacional, una situación que hasta el momento no se ha producido y que mantiene estos procesos millonarios fuera del escrutinio de los organismos de control del Estado.
Fuente: Última Hora
