La Cámara de Diputados recibió el 10 de abril un proyecto de ley que busca crear un programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes de violencia feminicida o familiar que hayan sufrido daños físicos graves y permanentes. La iniciativa legislativa, presentada por el diputado Saúl González (ANR-HC), establece un mecanismo de pensión estatal para facilitar la reinserción social de las víctimas que enfrentan dificultades debido a las secuelas de la violencia sufrida.
El proyecto denominado “Que crea el programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de violencia familiar, con daños físicos graves y manifiestos” contempla una pensión mensual equivalente al 70% del salario mínimo legal vigente. Este beneficio económico se otorgaría por un período de diez años, con la excepción de aquellos casos donde las secuelas generen una discapacidad igual o superior al 33%, situación en la cual la pensión se extendería de por vida.
En la exposición de motivos, el parlamentario señala que la reciente Ley Nº 7349 “De pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio u homicidios de su progenitor en un contexto de violencia familiar” no contempla asistencia económica para las mujeres sobrevivientes de violencia feminicida. Esta omisión legislativa resulta significativa considerando que estas víctimas frecuentemente quedan con graves secuelas físicas que obstaculizan su normal desenvolvimiento en la sociedad.
El texto legislativo destaca que muchas sobrevivientes de intentos de feminicidio o violencia familiar severa enfrentan impedimentos permanentes que limitan su capacidad para relacionarse socialmente y acceder a las mismas oportunidades que otras personas. Las secuelas físicas descritas en el proyecto incluyen amputaciones de extremidades, desfiguraciones faciales, cicatrices profundas, fracturas con consecuencias permanentes y diversas dificultades psicomotoras que incrementan su vulnerabilidad y las exponen a situaciones de discriminación.
La implementación del programa estaría a cargo del Ministerio de la Mujer, institución que deberá velar por el cumplimiento efectivo de la ley en caso de ser aprobada. Para acceder al beneficio, las solicitantes deberán demostrar mediante un procedimiento sumario los daños físicos graves sufridos, presentando ante dicho ministerio un certificado médico que acredite tanto las lesiones como las secuelas existentes o potenciales.
El proyecto establece que toda la documentación médica presentada deberá contar con el visado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, garantizando así la veracidad y uniformidad de los criterios utilizados para determinar la gravedad de las secuelas. Este requisito busca establecer un mecanismo de control para la correcta asignación de los recursos públicos destinados al programa.
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Tras su presentación, el proyecto fue derivado a seis comisiones para su estudio: Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Presupuesto; y De Cuentas y Control. Este amplio análisis refleja la complejidad de la iniciativa, que involucra aspectos presupuestarios, legales y de derechos humanos que requieren una evaluación integral antes de su posible aprobación.
Es relevante señalar que el diputado González, autor del proyecto, asumió su banca como reemplazante del legislador Orlando Arévalo, quien renunció a su cargo tras verse involucrado en el escándalo de los mensajes intercambiados con Eulalio “Lalo” Gomes.
Fuente: ABC Color
