El presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina Milei y el portavoz presidencial Manuel Adorni han sido citados a una audiencia de mediación prejudicial obligatoria fijada para el 15 de mayo, en relación con el denominado caso “criptofiasco”. La convocatoria judicial se produce en el marco de una demanda colectiva por daños y perjuicios presentada por 26 inversores damnificados tras promocionar el mandatario en sus redes sociales el lanzamiento de la criptomoneda LIBRA, que posteriormente colapsó.
La notificación de la primera mediación prejudicial obligatoria fue confirmada este lunes por el abogado Nicolás Oszust, representante legal de los damnificados, en declaraciones al diario Página 12. Los inversores afectados exigen compensaciones por las pérdidas económicas sufridas, que oscilan entre 500 y 1,8 millones de dólares, tras el desplome del valor del token digital promocionado por el presidente argentino el pasado 14 de febrero. El grupo de demandantes incluye a ciudadanos de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Turquía, España, Reino Unido y Líbano.
Escándalo $LIBRA: citan a Milei y a Karina a una audiencia de mediación por perjuicios millonarios a damnificados
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Además de los altos funcionarios del gobierno argentino, también fueron citados a la audiencia de mediación Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, presuntamente vinculados al desarrollo y promoción de la criptomoneda. La audiencia se realizará de manera telemática frente a un mediador designado, y las partes tienen la opción de asistir personalmente o enviar representantes legales en su lugar, conforme a la legislación argentina vigente.
El letrado de los demandantes expresó sus expectativas respecto al proceso iniciado: “Mi expectativa es que se presenten y poder satisfacer el daño de mis clientes. Nosotros entendemos que son responsables del ilícito que se cometió. Intervinieron en un mercado, adrede, para provocar un ‘rug pull’ desapoderando a mis clientes. Todos los que señalamos participaron en la creación de la estafa que produjo diferentes daños”, según declaraciones recogidas por medios locales.
El término “rug pull” se refiere a una maniobra financiera fraudulenta común en el mercado de criptoactivos donde los promotores abandonan repentinamente un proyecto después de atraer inversores.
El escándalo, que cumplió dos meses el pasado lunes, tiene su origen en una publicación realizada por el presidente Milei en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter), donde invitó a sus numerosos seguidores a invertir en LIBRA para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Sin embargo, horas después de la publicación y tras el colapso del valor del token, el mandatario eliminó el mensaje y negó cualquier vinculación con el proyecto, afirmando que se trataba de un emprendimiento privado ajeno a su administración.
Uno de los principales demandantes es Martín Romero, especialista en criptomonedas, quien según su testimonio invirtió 2.000 dólares en el proyecto y recomendó a varios de sus clientes hacer lo mismo, confiando en la aparente legitimidad otorgada por el respaldo presidencial. Romero explicó a medios locales que verificó que la cuenta del presidente no había sido comprometida y consideró que “la seriedad estaba dada en que él mismo (Milei) había compartido el contrato”, lo que le brindaba credibilidad al proyecto ante potenciales inversores.
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La demanda colectiva representa un desafío legal significativo para la administración Milei, que ha promovido activamente la desregulación de mercados y la adopción de tecnologías financieras alternativas como parte de su agenda económica. El caso también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de funcionarios públicos al promocionar instrumentos financieros de alto riesgo usando plataformas oficiales o personales con gran alcance mediático, especialmente en un contexto donde Argentina enfrenta una compleja situación económica.
Este proceso judicial se desarrolla en paralelo a la implementación de las controvertidas reformas económicas impulsadas por el gobierno de Milei, que incluyen la desregulación de diversos sectores y la promoción de alternativas financieras como las criptomonedas. La resolución del caso podría sentar un precedente respecto a la responsabilidad de figuras públicas en la promoción de instrumentos financieros volátiles y establecer nuevos parámetros para la regulación del mercado de criptoactivos en Argentina y potencialmente en otros países de la región.
Fuente: ABC Color
