La precaria realidad que enfrentan los estudiantes indígenas del Chaco paraguayo quedó al descubierto tras un contundente informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR). En una visita de fiscalización realizada el 21 de marzo de 2025 a la Escuela Básica N° 6.929 El Mensajero, ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, los auditores constataron que los niños solo recibían porotos hervidos como almuerzo escolar. Esta situación evidencia las graves deficiencias en la implementación del programa Hambre Cero, iniciativa gubernamental que teóricamente debería garantizar una alimentación adecuada para todos los estudiantes del país.
El reporte de la Contraloría detalla que durante la inspección no se encontraba presente el personal de cocina y limpieza contratado por la empresa proveedora responsable de la preparación del almuerzo escolar. Los porotos, simplemente puestos en remojo y hervidos en agua, fueron preparados en condiciones sumamente precarias debido a la inexistencia de instalaciones y equipamiento básico. Los fiscalizadores comprobaron que los alumnos se vieron obligados a consumir esta insuficiente ración en un aula improvisada como comedor, ya que la institución carece de un espacio específico para este fin.
#Noticias – Graves negligencias en el programa «Hambre Cero». Según la verificación y el informe de la Contraloría.
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— Telefuturo (@Telefuturo) April 14, 2025
Las deficiencias encontradas en la escuela El Mensajero van mucho más allá de la alimentación. El informe revela una situación de abandono total: la institución no cuenta con baños diferenciados por sexo, disponiendo únicamente de una letrina; carece completamente de acceso a agua potable y no dispone de energía eléctrica. Estas condiciones infrahumanas contravienen no solo los estándares mínimos de una institución educativa, sino también principios fundamentales de dignidad humana, especialmente tratándose de una comunidad históricamente vulnerable como la indígena chaqueña.
El departamento de Boquerón no es caso aislado en esta crisis. La CGR identificó graves deficiencias en la implementación del programa Hambre Cero en cuatro departamentos críticos: San Pedro, Paraguarí, Alto Paraguay y el ya mencionado Boquerón. En San Pedro, por ejemplo, los fiscalizadores documentaron 31 observaciones relacionadas con carencias elementales: falta de cubiertos, mobiliario inadecuado, ausencia de sistemas de refrigeración, inexistencia de piletas y básculas. Estas irregularidades fueron constatadas en un recorrido por 24 escuelas de dicho departamento, demostrando la magnitud sistemática del problema.
La empresa adjudicada para proveer el servicio en Boquerón es Granos y Aceites Sociedad Anónima, Comercial y Agropecuaria, representada legalmente por Enrique Terwindt Benítez y Nancy Lucina Godoy Adorno. Esta firma recibió una adjudicación de G. 118.878 millones para cubrir los distritos de Boquerón, Mariscal Estigarribia y Loma Plata.
Resulta alarmante que esta misma empresa ya había sido sancionada previamente por incumplimientos contractuales con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) el año anterior en el departamento Central, recibiendo una penalización económica de G. 421.529.542. La reincidencia en irregularidades cuestiona seriamente los mecanismos de control y sanción implementados por las autoridades.
El testimonio recogido en el acta de entrevista N° 01/25 a una madre de un alumno de la escuela El Mensajero confirma la gravedad de la situación desde la perspectiva de los afectados. La madre manifestó categóricamente que los productos alimenticios recibidos son de “mala calidad” y “muy escasos” para la cantidad de alumnos matriculados. Este testimonio refuerza las observaciones técnicas realizadas por los fiscalizadores y añade la dimensión humana al problema, evidenciando el impacto directo que estas deficiencias tienen en la comunidad educativa y en el desarrollo integral de los niños.
Ante estos hallazgos alarmantes, la Contraloría General no se limitó a documentar las irregularidades, sino que exigió medidas correctivas contundentes. El organismo fiscalizador recomendó aplicar duras sanciones a las empresas proveedoras que incumplen con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), particularmente en casos graves como la no provisión del almuerzo escolar constatada en la escuela El Mensajero. La CGR llegó incluso a sugerir verificar si las condiciones ameritan la rescisión de contratos con las empresas incumplidoras, mostrando la severidad con que evalúa estas infracciones.
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, quien preside el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), órgano responsable de delinear las políticas del programa Hambre Cero, ofreció explicaciones que delegan responsabilidades. Según el titular del MDS, los casos más graves de incumplimiento se registran en el interior del país, donde son las Gobernaciones las que administran los contratos. “Como Conae y MDS, es importante dejar en claro que existen 16 administradores de contrato. En ese contexto, los administradores de contrato son los responsables en cada departamento”, declaró Rojas, intentando establecer una clara diferenciación de responsabilidades administrativas.
No obstante, Rojas aseguró que desde su cartera ya solicitaron a las instancias correspondientes que cumplan con todas las recomendaciones emitidas por la Contraloría. El ministro advirtió que, de no haber respuesta adecuada de los administradores del contrato, el MDS solicitará una intervención directa de la Contraloría e incluso contempla la posibilidad de recurrir al Ministerio Público “si es que hay flagrancia o no se toma ninguna correctiva sobre los casos reportados”. Estas declaraciones evidencian un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación, aunque persiste la tendencia a diluir la responsabilidad central del programa.
En contraste con la crítica situación en el Chaco, el ministro Tadeo Rojas afirmó que los problemas detectados en Central y Asunción ya fueron subsanados. En estas zonas, las irregularidades consistían principalmente en inconsistencias entre las raciones entregadas y la cantidad de estudiantes autorizados para recibirlas. Rojas atribuyó parte de esta problemática al Registro Único del Estudiante (RUE), sistema del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) mediante el cual se registran las autorizaciones de las familias para recibir los alimentos del programa.
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“Muchas veces el RUE varía cada semana, aparecen más alumnos autorizados, aparecen menos. Generalmente eso complica la emisión de órdenes de servicio en cuanto a la cantidad de autorizados. Nos hace trabajar mal a los administradores”, argumentó el ministro. Como medida correctiva, Rojas mencionó que solicitaron al MEC el bloqueo del RUE hasta julio, buscando eliminar las variaciones en la cantidad de raciones que deben proveer las empresas contratadas. Esta medida, sin embargo, parece abordar aspectos administrativos sin solucionar el problema de fondo relacionado con la calidad y suficiencia de los alimentos proporcionados.
La crisis evidenciada en el programa Hambre Cero, particularmente en comunidades indígenas como la de la escuela El Mensajero, refleja una problemática multidimensional que trasciende la simple provisión alimentaria. Representa un fracaso en la implementación de políticas públicas destinadas a poblaciones vulnerables y expone deficiencias estructurales en los mecanismos de control, seguimiento y sanción a proveedores incumplidores.
Los niños indígenas del Chaco paraguayo, quienes deberían ser prioridad absoluta en las políticas de inclusión social, continúan siendo víctimas de un sistema que, pese a sus ambiciosos nombres y objetivos declarados, no logra garantizar condiciones mínimas para su desarrollo.
Fuente: ABC Color
