La Coordinadora de Abogados del Paraguay y la organización Somos Anticorrupción presentaron el cuarto pedido de urgimiento ante la mesa de entrada de la Cámara de Diputados para que se trate el desafuero del legislador cartista Esteban Samaniego. El parlamentario enfrenta una imputación formal por administración en provecho propio y asociación criminal relacionada con la presunta malversación de G. 1.108 millones durante su gestión como intendente de Quyquyhó en el período 2015.
El caso Samaniego representa uno de los ejemplos más notorios del blindaje parlamentario en el Congreso paraguayo. Mientras su esposa, Patricia Corvalán (ANR-HC), actual intendenta de Quyquyhó, y su madre, Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, ya están acusadas y a la espera de juicio oral junto a otras ocho personas vinculadas al esquema de corrupción, el proceso contra el diputado permanece paralizado debido a sus fueros parlamentarios.
La cronología del caso evidencia una sistemática obstrucción institucional. En diciembre de 2023, el fiscal Silvio Corbeta imputó al diputado Samaniego y el juez Humberto Otazú comunicó formalmente a la Cámara de Diputados el acta de imputación. Posteriormente, en marzo de 2024, el magistrado reiteró el pedido de desafuero, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta por parte del órgano legislativo, que continúa protegiendo al parlamentario cartista a pesar de los múltiples urgimientos judiciales.
El Ministerio Público acusa al diputado y exintendente de Quyquyhó (2011-2017) y otros, de desviar más de G. 1.100 millones mediante obras fantasmas y contratos con proveedores favorecidos. pic.twitter.com/GOWvoHTOb3
— COAPY (@COAPY_PY) April 23, 2025
En el documento presentado, las abogadas Carmen Rodríguez y María Esther Roa exigen a los representantes de la Cámara de Diputados que “depongan sus intereses personales y sectoriales y cumplan con las prescripciones de nuestra Constitución Nacional, referente al tratamiento y aprobación de desafuero del diputado Esteban Samaniego, por corresponder así en derecho” Al mismo tiempo, instan a la ciudadanía a mantenerse en vigilia permanente para exigir en las calles el desafuero o la renuncia del legislador.
Consultado sobre este nuevo pedido durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, optó por ignorar deliberadamente la pregunta, dando por finalizada la ronda de consultas periodísticas sin abordar la situación de su correligionario. Esta actitud refleja la resistencia institucional para tratar un tema que podría generar precedentes en la lucha contra la impunidad parlamentaria.
Latorre bloquea desafuero de Samaniego pese a dictamen favorable
Samaniego acumula, además, otros dos pedidos de desafuero relacionados con hechos de violencia y agresiones a adversarios políticos en Paraguarí y a una mujer en inmediaciones del Estadio Defensores del Chaco. Al igual que el caso de corrupción, estas solicitudes permanecen “congeladas” en los archivos legislativos, sin prosperar en su tratamiento a pesar de la gravedad de las acusaciones.
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El blindaje parlamentario no se limita únicamente al diputado cartista. También enfrentan pedidos de desafuero los diputados liberales Roya Torres y Cleto Jiménez, imputados tras el escándalo conocido como “los nepobabys”, donde sus hijos ocuparon cargos públicos sin la competencia adecuada. A diferencia de sus progenitores, los hijos optaron por un procedimiento judicial abreviado, mientras los parlamentarios continúan protegidos por sus fueros.
El cuarto legislador con pedido de desafuero es Mauricio Espínola (ANR-FR), imputado por supuesta revelación de secretos en una causa presentada por el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. A diferencia de Samaniego, tanto Espínola como los diputados liberales Torres y Jiménez han anunciado su disposición a renunciar a sus fueros para enfrentar los procesos judiciales, marcando un contraste con la actitud del representante de Quyquyhó, quien se aferra a su inmunidad parlamentaria para evadir la justicia.
Fuente: ABC Color
