Luego de que se conociera un presunto procedimiento irregular en Capiatá, la abogada Alicia Palacios explicó los derechos que asisten a los ciudadanos en situaciones similares. Señaló que la falta de conocimiento favorece a que autoridades se extralimiten en sus funciones, exponiendo al ciudadano a riesgos legales.
La especialista recordó que cualquier intervención policial debe estar respaldada por documentación que justifique el procedimiento. Ya sea por una orden judicial o una situación específica como la búsqueda de un sospechoso o vehículo relacionado a un hecho punible, el respaldo documental resulta obligatorio.
Respecto a la revisión de vehículos, Palacios enfatizó que no puede realizarse sin orden judicial expresa. Señaló que incluso los controles de rutina deben estar formalmente autorizados, y que en contextos específicos como festividades o eventos masivos puede justificarse su implementación preventiva, siempre bajo condiciones regladas.
Sobre los casos de flagrancia, detalló que los agentes pueden actuar si sorprenden a una persona en plena comisión de un delito, como un hurto o daño a la propiedad. Para situaciones como el manejo bajo los efectos del alcohol, se requiere la intervención de autoridades especializadas para la realización de las pruebas correspondientes.
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La abogada explicó que los ciudadanos deben mostrar su cédula si es solicitada, pero los agentes no tienen derecho a retener el documento. Además, indicó que en caso de abuso de autoridad, el afectado debe exigir la elaboración de un acta policial y presentar la denuncia ante la comisaría correspondiente, para luego recurrir al Ministerio Público.
Finalmente, recordó que la Constitución Nacional protege la libertad y establece requisitos claros para toda privación de la misma. Por ello, instó a los ciudadanos a ejercer sus derechos y exigir el cumplimiento de los procedimientos establecidos por ley.
Fuente: ABC
