El informe de la Contraloría General de la República (CGR) emitido el 11 de abril expuso graves irregularidades en la provisión de alimentos en el marco del programa Hambre Cero. A pesar de la gravedad de los hallazgos, las autoridades responsables, incluidos el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, y los gobernadores departamentales, no aplicaron medidas sancionatorias ni correctivas, incumpliendo sus propios compromisos de control.
La CGR, tras auditar más de 300 escuelas, detectó situaciones críticas como la falta de insumos alimenticios y provisión incompleta de raciones, lo que dejó a cientos de niños sin acceso al almuerzo escolar. El presidente Santiago Peña y el ministro Rojas habían prometido “implacabilidad” en el control del programa, promesas que hasta ahora no se reflejan en acciones concretas.
En Boquerón, por ejemplo, se denunció la provisión de porotos con gorgojos como único alimento en la Escuela El Mensajero. El gobernador Harold Bergen, al ser consultado, admitió desconocer el caso y aseguró que “nunca faltó comida”. Sin embargo, la empresa proveedora, Granos y Aceites S.A., ya había sido multada anteriormente por irregularidades en programas de alimentación escolar.
Otros gobernadores, como César Luis Sosa de Guairá, minimizaron el informe, alegando que las fallas representaban un porcentaje “insignificante” del total de escuelas. No obstante, la Contraloría recomendó sanciones severas, incluyendo rescisión de contratos en casos graves, recomendaciones que no han sido implementadas hasta la fecha.
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El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, calificó las irregularidades como “no sancionables monetariamente”, limitándose a señalar posibles amonestaciones. En el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), tampoco se registran acciones firmes contra las empresas adjudicadas.
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La falta de respuesta efectiva a las observaciones de la Contraloría compromete la integridad del programa Hambre Cero, afectando a miles de niños en situación de vulnerabilidad, y evidenciando una preocupante tolerancia institucional ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Fuente: ABC Color
