La Dirección Ambiental de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la jueza Fany Cáceres todos los antecedentes relacionados con el proceso que investiga el desmonte de 2.900 hectáreas en el Chaco paraguayo. En esta causa, la fiscal interina Laura Ávalos promovió la suspensión condicional del procedimiento para el imputado Miguel Bibolini a cambio de una donación de G. 50 millones, y pidió el sobreseimiento definitivo de su hija, Nicole Bibolini.
La magistrada se opuso a esta propuesta, alegando que el daño ambiental generado no podía ser subsanado de forma tan superficial, por lo que remitió el expediente a la fiscala adjunta María Estefanía González, quien deberá decidir si sostiene la postura inicial o si presenta una acusación formal.
Auditoría en evaluación y posibles sanciones
La Dirección Ambiental, bajo coordinación del ministro enlace Víctor Ríos, debe elevar un informe sobre la actuación de los operadores de justicia involucrados. Este informe podría recomendar la realización de una auditoría para analizar si existieron irregularidades en la actuación fiscal. En caso de confirmarse anomalías, los antecedentes serán enviados a la Fiscalía General del Estado, que a su vez podría remitirlos a la Inspectoría General para el inicio de sumarios administrativos.
Hasta el momento, la actuación de la jueza Cáceres no presenta observaciones, ya que su oposición a la suspensión condicional es considerada una medida de protección del interés público frente al daño ecológico.
Denuncias y advertencias de acciones legales
El abogado Diego Troche, denunciante del hecho, cuestionó enérgicamente la postura de la Fiscalía y advirtió que, de persistir el intento de conceder impunidad, presentará una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Además, no descarta la posibilidad de recurrir a instancias internacionales en caso de que no se respeten los principios de tutela ambiental y debido proceso.
Troche estimó el daño ocasionado en aproximadamente US$ 3 millones, cifra que considera desproporcionada frente a la propuesta de donación aceptada inicialmente por la fiscala Ávalos. La diferencia entre el perjuicio ambiental y la reparación ofrecida genera alarma en organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad civil.
Presiones institucionales y vigilancia ciudadana
El caso genera una fuerte presión pública sobre los órganos de justicia y pone a prueba la política de la Corte Suprema en materia de protección ambiental. La posibilidad de que un daño de tal magnitud se resuelva mediante acuerdos económicos mínimos sin reparación efectiva podría sentar un precedente negativo en el tratamiento de delitos ecológicos.
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Finalmente, el denunciante dejó abierta la posibilidad de promover un juicio político contra los ministros de la Corte Suprema y contra el fiscal general Emiliano Rolón si no se adoptan medidas adecuadas para sancionar cualquier tipo de actuación negligente o parcial.
Fuente: El Observador
