El proyecto de ley presentado por el senador Derlis Osorio propone eliminar el pago por los certificados de antecedentes judiciales y policiales. Estos documentos son exigidos para acceder a empleos formales, pero actualmente tienen un costo de G. 24.500 y G. 39.236, lo que representa una carga económica para miles de personas desempleadas.
En consecuencia, el legislador argumenta que el costo de los antecedentes continúa siendo una barrera, incluso con la digitalización del trámite. Cabe señalar que los datos provienen de bases del propio Estado, por lo que no deberían implicar un pago adicional para los ciudadanos, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

A su vez, la propuesta ingresó oficialmente al Senado el 23 de abril de 2025 y será analizada por comisiones clave como Legislación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Desarrollo Social. Estas instancias deberán estudiar el impacto financiero y legal de la medida, así como su viabilidad administrativa en términos de implementación.
En relación con esto, el proyecto se fundamenta en la idea de fortalecer la equidad en el acceso al empleo. Garantizar la gratuidad de estos certificados podría aliviar la carga de personas que, sin ingresos fijos, deben cumplir con exigencias burocráticas para obtener un puesto de trabajo formal.
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De ser aprobada, la iniciativa beneficiaría principalmente a sectores con recursos limitados. La eliminación del costo no solo significaría un ahorro directo, sino también una mayor inclusión laboral, al remover un obstáculo presente en las etapas iniciales del proceso de selección.
Finalmente, se prevé que el debate sobre esta propuesta se desarrolle en las próximas semanas dentro del Congreso. El tratamiento del tema forma parte de un esfuerzo más amplio por redefinir el papel del Estado en la reducción de desigualdades estructurales, en especial dentro del mercado laboral paraguayo.
Fuente: La Tribuna







