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Cierran temporalmente dos cárceles por hacinamiento crítico

El Ministerio de Justicia cerró por 30 días las cárceles de Emboscada y Buen Pastor debido a la grave sobrepoblación. Se busca descomprimir el sistema.

Foto: Gentileza.

El Ministerio de Justicia dispuso el cierre temporal de dos centros penitenciarios, tras constatar niveles alarmantes de hacinamiento que ponen en riesgo la dignidad y seguridad de las personas privadas de libertad.

A partir del 28 de abril, la Antigua Penitenciaría Regional de Emboscada y el Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor suspendieron sus operaciones de ingreso por 30 días, de acuerdo con la Resolución N.º 339 firmada por el ministro Rodrigo Nicora. La medida forma parte de un plan emergente para reducir la sobrepoblación carcelaria.

Según cifras oficiales, la penitenciaría de Emboscada opera con un 440% de sobrepoblación, mientras que el Buen Pastor alcanza un 140% por encima de su capacidad, datos confirmados por el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel. Estas cifras reflejan una presión insostenible sobre el sistema penitenciario, que arrastra años de deterioro estructural.

El Ministerio informó que la decisión busca garantizar condiciones de reclusión mínimamente adecuadas, en línea con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Nacional y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obligan al Estado a proporcionar trato humano a los reclusos.

Durante el período de cierre, se coordinará con el sistema judicial y las fuerzas de seguridad la reubicación de los reclusos en otros centros penitenciarios, mientras se restringen nuevos ingresos para evitar una mayor sobrecarga. Estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia que apunta a la descongestión gradual del sistema.

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“El objetivo es evitar violaciones de derechos humanos derivadas del hacinamiento extremo y avanzar hacia un modelo penitenciario más digno y sostenible”, subrayó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

Con esta resolución, la cartera reafirma su compromiso de emprender reformas estructurales que apunten a un sistema penitenciario respetuoso de los derechos fundamentales, y con condiciones acordes a estándares internacionales.

Fuente: ÚH