Bukele impulsa cadena perpetua para delitos graves

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua. La medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y recibió respaldo mayoritario del oficialismo. La modificación permite aplicar esta pena a homicidas, violadores y terroristas.

La reforma modifica el artículo 27 de la Constitución. El nuevo texto establece que la prisión perpetua se aplicará exclusivamente a delitos graves. La aprobación se dio con 59 votos, incluidos aliados y dos legisladores de la oposición.

El presidente Bukele defendió la medida en declaraciones previas. “Vamos a ver quiénes apoyan esta reforma”, expresó al referirse al debate público. La iniciativa se presentó tras la difusión de un informe de juristas internacionales.

Reforma sin debate y críticas al sistema

La aprobación se realizó sin estudio previo ni debate parlamentario. Este aspecto fue señalado dentro del contexto político del país. Además, el sistema judicial enfrenta una alta carga de trabajo.

Según datos de Acción Ciudadana, cada fiscal maneja en promedio 108 casos. Por su parte, los defensores públicos atienden cerca de 200 expedientes. Esta situación plantea desafíos para la aplicación de nuevas medidas penales.

El sistema judicial también registra antecedentes recientes. En 2025, la Fiscalía logró condenas de hasta mil años contra pandilleros. Sin embargo, la normativa vigente establecía un máximo de 60 años de cumplimiento efectivo.

En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas.

Veremos quiénes apoyan esta reforma y…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2026

¿Qué implica el cambio constitucional?

El artículo reformado eliminó la prohibición de penas perpetuas. Antes, el sistema penitenciario tenía como objetivo la rehabilitación del condenado. La nueva disposición introduce un cambio en ese enfoque.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, respaldó la reforma en el Congreso. Durante su intervención, cuestionó a organizaciones de derechos humanos. “Váyanse al carajo”, expresó en referencia a dichas entidades.

Además, el Gobierno reaccionó ante un informe que señala posibles delitos de lesa humanidad. Bukele afirmó en redes sociales que estas organizaciones buscan liberar a detenidos. La Asamblea también anunció futuras reformas legales para adecuar otras normativas al nuevo esquema penal.

Fuente: El Pais