El Juzgado Penal de Garantías a cargo de la magistrada Lici Sánchez determinó la elevación a juicio oral y público de la causa vinculada al operativo DAKOVO, una de las investigaciones más significativas sobre tráfico ilícito de armamento en la región. La decisión judicial marca un hito en el proceso contra una estructura criminal transnacional que operaba desde Paraguay, utilizando conexiones militares y empresariales para facilitar el movimiento de armas hacia organizaciones criminales de países vecinos.
Entre los procesados que enfrentarán el juicio figura Paulo César Fines Ventura, quien deberá responder por los cargos de tráfico ilícito de armas, hechos punibles conexos contemplados en la Ley de Armas (en calidad de cómplice), alteración de datos, asociación criminal, alteración de datos relevantes para la prueba y denuncia falsa. La acumulación de delitos refleja la complejidad de su presunta participación en la estructura criminal desarticulada.
️#ElObservadorAlAire | Dra. Lici Sánchez, Jueza Especializada en Narcotráfico, Anticorrupción, Antisecuestros y Terrorismo.
Elevación a juicio para acusados en causa de tráfico internacional de armas (#Dakovo)
La magistrada aclaró que las armas fueron importadas de… pic.twitter.com/0hesQjYGK8
— El Observador (@observapy) May 9, 2025
Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano compareció ante la justicia imputado por tráfico ilícito de armas en calidad de cómplice y asociación criminal como autor, mientras que Victorino Gómez Paredes enfrenta acusaciones similares: tráfico ilícito de armas y hechos punibles conexos como cómplice, además de asociación criminal en carácter de autor. La consistencia en las figuras penales aplicadas evidencia un patrón en la participación de los civiles procesados.
La investigación reveló un aspecto particularmente alarmante del caso: la implicación de altos rangos militares en la estructura criminal. El General (S.R.) Jorge Antonio Orué Roa fue procesado como autor de tráfico de influencias, el Coronel Bienvenido Santiago Fretes González enfrenta cargos por cohecho pasivo agravado y asociación criminal, mientras que el General (S.R.) Arturo Javier González Ocampo deberá responder por tráfico de influencias y asociación criminal. La participación de oficiales de alto rango subraya la infiltración de la red en instituciones de seguridad nacional.
El operativo DAKOVO, realizado mediante una estrategia de cooperación internacional entre Paraguay, Brasil y Estados Unidos, logró desmantelar una red criminal sofisticada dedicada al tráfico de armamento con origen en Europa y destino final en las organizaciones criminales brasileñas. Esta colaboración tripartita permitió seguir el rastro de las operaciones ilícitas a través de fronteras y jurisdicciones, consolidando pruebas para sustentar las acusaciones formales.
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Las investigaciones determinaron que el epicentro de las operaciones era la empresa Auto Supply, propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, señalados como los líderes principales de la estructura criminal. La firma operaba como fachada para facilitar la importación y posterior redistribución de armamento, utilizando conexiones estratégicas con funcionarios militares paraguayos para eludir controles y obtener documentación que legitimara aparentemente sus actividades.
La magnitud del caso DAKOVO trasciende las fronteras nacionales, considerando que las armas traficadas tenían como destino principal las facciones criminales de Brasil, contribuyendo al fortalecimiento de organizaciones delictivas que operan en la región. Las autoridades estiman que esta red habría facilitado el ingreso de un volumen significativo de armamento que alimentó diversos conflictos criminales en países limítrofes.
Fuente: Judiciales.net
