Funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) denunciaron formalmente al presidente del ente, Francisco Ruiz Díaz, por su supuesta participación en la instigación a la invasión de un inmueble ubicado en la Colonia Guayakycua, departamento de Caaguazú. La acusación fue presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria y el Sindicato de Trabajadores del IBR, mediante un comunicado dirigido a las autoridades nacionales.
La denuncia afirma que el titular del Indert habría actuado en complicidad con seudodirigentes, fomentando la ocupación irregular de una propiedad privada. Esta conducta, señalan los firmantes, representa una transgresión directa a las funciones institucionales y genera una crisis jurídica y social en la zona afectada.
Según el pronunciamiento sindical, la actuación del presidente del Indert contraviene disposiciones fundamentales como el artículo 19 de la Constitución Nacional, que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada. Además, citan el artículo 142 del Código Penal, que penaliza la invasión de inmuebles con penas de hasta diez años de prisión, dependiendo de las circunstancias del hecho.
También mencionan la Ley 1863 del Estatuto Agrario, que establece la protección de la propiedad rural que cumple una función económica y social. Los denunciantes advierten que estas normas fueron ignoradas por el titular del ente, quien actuó fuera del marco legal y administrativo que rige su cargo.
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El comunicado sostiene que la intervención directa de Ruiz Díaz podría sentar un precedente grave para la institucionalidad del país, generando inseguridad jurídica, conflictos sociales y daños patrimoniales. Aseguran que el funcionario actúa sin considerar la normativa vigente ni las advertencias realizadas por técnicos de la institución.
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Los trabajadores advierten que la actitud del presidente del Indert debilita la autoridad del ente y agrava la situación en zonas rurales, donde existen tensiones latentes por la tenencia de tierras. Por ello, solicitan la intervención inmediata de los organismos competentes.
El documento concluye con una solicitud expresa a las autoridades nacionales para que tomen medidas en defensa del Estado de Derecho y de la institucionalidad agraria, a fin de prevenir mayores conflictos en el sector rural.
Fuente: ABC Color
