La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ha determinado suspender nuevamente la polémica licitación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la adquisición de 23.000 máquinas de votación valoradas en USD 93 millones. El proceso, marcado por constantes cuestionamientos, sufre su tercera suspensión ante nuevas denuncias de presunto direccionamiento, según publica ABC.
La suspensión se produjo mientras una delegación de legisladores y autoridades partidarias opositoras mantenían una reunión con el presidente del TSJE, Jaime Bestard, y los demás ministros de la máxima instancia electoral. La apertura de sobres prevista para el lunes próximo queda así postergada sin fecha definida tras la intervención del titular de la DNCP, Agustín Encina.
Contrataciones Públicas vuelve a suspender la licitación del TSJE para compra de máquinas de votación
️»Lo que queremos que entienda la DNCP es que lo que pedimos no es para favorecer a uno u otro competidor que no sabemos quienes son», sostuvo Cristhian Ruiz Díaz, director… pic.twitter.com/vb5yAO5SIn
— Radio Ñandutí (@nanduti) May 10, 2025
Esta nueva interrupción surge a raíz de una protesta presentada por la firma Miru Systems, representada por Jin Bok Chung, que lleva a designar como juez instructor de la denuncia al funcionario Fernando Carvallo. Contrataciones Públicas ya había detectado 32 observaciones de presunto direccionamiento en esta millonaria compra, lo que mantiene en vilo a la ciudadanía sobre la transparencia del proceso.
El escrutinio sobre esta licitación ha aumentado considerablemente tras las sospechas de que empresas vinculadas al presidente Santiago Peña estarían siendo favorecidas con el pliego. Según informan fuentes consultadas por ABC, tanto políticos opositores como colorados disidentes han manifestado temores de que las bases estén amañadas para beneficiar a las firmas ITTI o Technoma, empresas ligadas al mandatario cuando era accionista de Ueno Holding.
Sin embargo, ante las crecientes denuncias y la atención puesta sobre ITTI y Technoma, ha trascendido que una nueva empresa podría presentarse al concurso. Se trata de Tecmont SA, firma cuyo directivo es Enrique Duarte Luraghi, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), y que estaría vinculada a José Alberto Alderete, vicepresidente tercero de la ANR y asesor político del presidente Peña.
La relación entre estas empresas y el entorno presidencial se estrecha aún más con la revelación de que Sandra Alderete, hija del asesor presidencial, fue contratada en ITTI, lo que refuerza las sospechas sobre posibles conflictos de interés en el proceso licitatorio. Fuentes cercanas a la licitación no descartan que, pese a la suspensión actual, el proceso pueda reactivarse próximamente.
En la reunión entre opositores y autoridades electorales participaron la diputada Rocío Vallejo (PPQ), el senador Eduardo Nakayama (ex-PLRA) y otros representantes de partidos de oposición, quienes solicitaron al TSJE mayor transparencia en la licitación. Además, expresaron preocupación por las reformas electorales que el oficialismo cartista impulsa desde el Congreso Nacional sin el debido debate público.
La situación genera inquietud en el ámbito político, pues la adquisición de estas máquinas de votación representa una inversión significativa para el sistema electoral paraguayo. El TSJE había argumentado previamente que las exigencias técnicas del pliego buscaban evitar la participación de “empresas de maletín”, según declaraciones de Bestard recogidas por medios locales.
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Este nuevo tropiezo en el proceso licitatorio se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión de compras públicas durante el gobierno de Santiago Peña. ABC ha documentado que empresas vinculadas al presidente han obtenido contratos millonarios en los últimos meses, situación que alimenta las dudas sobre la equidad en las adjudicaciones estatales.
La oposición insiste en que las máquinas de votación deben ser completamente auditables y que los partidos políticos deben tener garantizada su participación en los procesos de verificación, para asegurar la legitimidad de futuros procesos electorales. Mientras tanto, la ciudadanía aguarda con expectativa el desenlace de esta controversial licitación que podría definir el rumbo de las próximas elecciones en Paraguay.
Fuente: ABC Color
