La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) presentó una contundente acusación contra Wilfrido Adrián Cáceres Flores, exdirector de Finanzas y exjefe de gabinete del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez. El documento fiscal revela que Cáceres y su esposa, la odontóloga Ruth Jazmín da Silva Almirón, no pueden justificar un incremento patrimonial que asciende a G. 7.764.350.575, monto que habría sido acumulado mediante mecanismos diseñados para ocultar su procedencia.
Los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez, tras una exhaustiva investigación que abarcó una década (2013-2023), determinaron inconsistencias significativas entre los ingresos declarados por el matrimonio y los bienes adquiridos durante ese período. La acusación señala específicamente que la diferencia negativa detectada surge de contrastar las fuentes lícitas declaradas con el incremento patrimonial real, evidenciando una disparidad que no encuentra respaldo en las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por el exfuncionario municipal.
#Lpm| El Ministerio Público acusó anoche por enriquecimiento ilícito y lavado de activo al exdirector de finanzas del intendente Óscar «Nenecho» Rodríguez, Wilfrido Cáceres, su esposa y dos personas que habrían actuado de testaferros.
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— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) May 14, 2025
El caso se extiende más allá del matrimonio Cáceres-Da Silva, incorporando a supuestas testaferros identificadas como Camila Monserrat Ramírez Gómez y su madre Elvira Gómez de Ramírez, quienes también fueron acusadas por presunto lavado de activos. El entramado de personas involucradas sugiere un esquema organizado para disimular el origen de los fondos y dificultar su rastreo por parte de las autoridades competentes, según se desprende del documento acusatorio.
La investigación fiscal tuvo su origen en denuncias formuladas en 2020 relacionadas con el supuesto desvío de recursos municipales destinados originalmente a combatir la pandemia de covid-19. El caso, popularmente conocido como “detergentes de oro”, involucró compras sobrevaloradas de productos de limpieza y derivó en una investigación más amplia sobre el patrimonio del entonces alto funcionario municipal y su entorno familiar directo.
El análisis cronológico realizado por los investigadores determinó que la “bonanza” patrimonial del matrimonio comenzó en 2017, intensificándose notablemente a partir de 2020, cuando se verificaron adquisiciones inmobiliarias en San Lorenzo y Ñemby, incluyendo edificaciones de considerable valor. Paralelamente, los acusados iniciaron el pago de tres terrenos en la localidad de Piribebuy, propiedades que nunca fueron incluidas en las declaraciones patrimoniales obligatorias, constituyendo una omisión deliberada según la perspectiva fiscal.
La acusación detalla que durante el período investigado, el matrimonio adquirió numerosos bienes muebles e inmuebles, incluyendo vehículos, terrenos y mansiones, además de equipamiento mobiliario de alto valor. Estos bienes habrían sido sistemáticamente ocultados del patrimonio conyugal declarado con el propósito de evitar su detección y eventual comiso, especialmente considerando que Cáceres, en su condición de funcionario público, estaba sometido a la supervisión patrimonial por parte de la Contraloría General de la República.
Simultáneamente al proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Wilfrido Cáceres enfrenta otra causa judicial por presunta lesión de confianza vinculada directamente al caso de los “detergentes de oro”. Esta segunda investigación involucra a 21 procesados, entre los que figura prominentemente el intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien encabeza la nómina de implicados en este controversial caso de presunta corrupción municipal.
El escenario judicial se complica para los acusados, ya que la Fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo en la causa por lesión de confianza antes del 3 de septiembre del corriente año. Este plazo constituye un hito importante en el desarrollo de ambos procesos judiciales, que podrían determinar responsabilidades penales significativas para los involucrados en estos esquemas de presunta malversación de fondos públicos destinados originalmente a atender necesidades sanitarias durante la emergencia pandémica.
Las acusaciones formales presentadas por la Udea reflejan un esquema de enriquecimiento que habría aprovechado posiciones estratégicas dentro de la administración municipal para generar beneficios personales indebidos, constituyendo un caso emblemático en la lucha contra la corrupción en instituciones públicas. El desenlace de estos procesos judiciales podría establecer importantes precedentes en materia de transparencia y rendición de cuentas en la administración de recursos municipales destinados a servicios esenciales para la ciudadanía.
Fuente: ABC Color
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