En una acción que intensifica la ofensiva contra las voces críticas, el gobierno de Nayib Bukele detuvo el domingo por la noche a Ruth López, reconocida defensora de los derechos humanos y directiva de la organización Cristosal, una de las entidades más activas en la denuncia de violaciones al debido proceso bajo el régimen salvadoreño.
La Fiscalía General de la República, controlada por el oficialismo, la acusa de peculado, supuestamente por hechos vinculados a su rol como asesora durante los gobiernos anteriores. Sin embargo, ni el monto ni la temporalidad exacta de los hechos fue aclarada. La detención ocurrió cerca de las 23:00 del domingo en su domicilio y, hasta la madrugada del lunes, su familia y su equipo legal desconocían su paradero, situación calificada por Cristosal como una “desaparición forzada de corta duración”.
#Captura | Este día, se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro, por el delito de peculado.
Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su… pic.twitter.com/0w83JMGR3u
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 19, 2025
López ha sido una de las juristas más vocales contra el régimen de Bukele. En 2024 fue destacada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Entre sus trabajos más relevantes están las investigaciones sobre el uso del spyware Pegasus contra periodistas, irregularidades en contratos públicos durante la pandemia, fallos de seguridad y fraude en la Chivo Wallet, y denuncias sobre violaciones de derechos humanos en megaproyectos como el CECOT.
La captura ha generado una ola de pronunciamientos a nivel nacional e internacional. Human Rights Watch expresó preocupación y exigió garantías procesales, mientras que Amnistía Internacional pidió su liberación inmediata. “Seguimos con preocupación la captura de Ruth López, quien ha denunciado con valentía la corrupción y las violaciones de derechos humanos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
Este hecho se suma a la detención de otros activistas como Alejandro Henríquez, del Foro del Agua, y Fidel Zavala, quien denunció torturas en cárceles salvadoreñas y fue recluido en el mismo penal que los victimarios que había señalado.
La embestida también se refleja en el anuncio de Bukele de una nueva “ley de agentes extranjeros”, que busca retener el 30% de los fondos de las ONG en una medida similar a la aplicada en Nicaragua. Desde Cristosal y otras organizaciones advierten que esta normativa apunta a asfixiar económicamente a las entidades que exponen los abusos del régimen.
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Poco después de la detención de López, el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero, presentó su renuncia sin ofrecer explicaciones claras, dejando vacante un cargo utilizado hasta ahora para minimizar o negar los abusos documentados.
El arresto de Ruth López marca un punto de quiebre en la creciente criminalización de la disidencia en El Salvador. La comunidad internacional sigue atenta a los próximos pasos de un gobierno cada vez más cuestionado por su autoritarismo.
Fuente: El País
