Camilo Benítez, contralor general de la República. Gentileza/ Presidencia de la República
La Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria al contralor general de la República, Camilo Benítez, para que comparezca ante el Congreso Nacional y brinde detalles sobre los pedidos de intervención a las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción. La decisión fue confirmada por el diputado liberal Adrián Vaesken, quien planteó la necesidad de una explicación pública sobre los fundamentos del pedido presentado por la Contraloría al Poder Ejecutivo.
Los pedidos de intervención, anunciados la semana pasada, afectan a dos administraciones de alta exposición política: la de Miguel Prieto en Ciudad del Este, y la de Óscar Rodríguez en Asunción. Mientras el contralor Benítez argumenta que existen indicios de graves irregularidades administrativas, representantes de la oposición han planteado sospechas sobre un uso político de la Contraloría, especialmente en el caso de Ciudad del Este, cuya intendencia está en manos de un referente opositor con proyección nacional.
El diputado Vaesken sostuvo que llama la atención el momento en que se plantea la intervención a Ciudad del Este, al tiempo que recordó que durante la gestión del exgobernador Hugo Javier González, no se promovieron medidas similares pese a múltiples denuncias. Vaesken cuestionó además la pasividad del contralor en casos anteriores vinculados al oficialismo, lo que alimenta la hipótesis de que se está utilizando a la Contraloría como herramienta de presión política.
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En ese sentido, también se mencionó una denuncia realizada por el abogado Guillermo Ferreiro, representante legal del intendente Prieto, quien vinculó a Camilo Benítez con supuestas acciones coordinadas con actores políticos del oficialismo para montar causas judiciales contra figuras opositoras. Estas afirmaciones se basan en registros de conversaciones obtenidos en investigaciones anteriores, y refuerzan la percepción de un uso selectivo de los mecanismos de control estatal.
En paralelo al debate sobre las intervenciones, legisladores de la oposición se reunieron con miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para abordar la licitación de 28.000 máquinas de votación, previstas para las elecciones municipales de 2026. Vaesken expresó preocupación por la posibilidad de fallas de seguridad en los dispositivos y el acceso restringido de técnicos independientes a los sistemas.
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Según explicó el parlamentario, los ministros del TSJE manifestaron apertura al control técnico por parte de sectores opositores y se comprometieron a garantizar transparencia en el proceso. La licitación ha generado atención mediática y cuestionamientos por presuntos direccionamientos en favor de empresas cercanas al oficialismo.
La comparecencia de Camilo Benítez ante la comisión legislativa está prevista para el próximo lunes.
Fuente: ABC Color
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