La jueza penal de Ejecución María Lidia Wyder Mendieta rechazó el pedido de la directora del Colegio República del Salvador de Lambaré, quien solicitó retirar una suma judicial de G. 100 millones. El dinero forma parte de una reparación ordenada en el marco del caso de lesión de confianza que involucra al exintendente Roberto Cárdenas.
La causa judicial se originó por irregularidades en la construcción de 15 escuelas municipales. Según la acusación, se detectó sobrefacturación que provocó un perjuicio superior a G. 859 millones al municipio. Entre los implicados figura el arquitecto Francisco Villalba, quien evitó ir a juicio mediante una suspensión condicional del procedimiento.
Como parte del acuerdo judicial, Villalba debía abonar G. 100 millones a modo de reparación del daño. El desembolso se estableció mediante el auto interlocutorio N° 779, con un esquema de pagos que incluía una entrega inicial de G. 30 millones y 24 cuotas mensuales de G. 2.917.000.
El depósito debía realizarse en una cuenta judicial abierta en el Banco Nacional de Fomento a nombre de la causa, a disposición del Ministerio de Educación y Ciencias. La escuela afectada sería la beneficiaria final, según se había determinado judicialmente.
Además del resarcimiento económico, el imputado debía cumplir reglas de conducta, como comparecer trimestralmente ante el Juzgado, abstenerse del consumo de sustancias y realizar servicio comunitario en el Cuerpo de Bomberos de Lambaré.
Concluidos los pagos, la directora del colegio, María Lourdes Acosta de Olmedo, solicitó autorización para extraer el monto acumulado. Sin embargo, la jueza Wyder Mendieta dictó que la legitimación para administrar esos fondos corresponde exclusivamente al Ministerio de Educación.
La magistrada aclaró que la directora no tiene facultad jurídica para solicitar el dinero directamente, por lo que debe canalizar su pedido a través del MEC. Asimismo, se notificó a la Asesoría Jurídica de dicha cartera sobre la disponibilidad de los fondos.
La resolución judicial indica que cualquier pago debe ser emitido a nombre del Ministerio, que posteriormente deberá destinar la suma al establecimiento escolar afectado, conforme a las disposiciones del caso.
En paralelo, sigue pendiente la captura del exintendente Roberto Cárdenas Ramírez, quien fue condenado a ocho años de prisión por el desfalco. Pese a que la sentencia quedó firme en agosto de 2024, Cárdenas aún no se presentó ante las autoridades judiciales.
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El fallo, dictado en 2021, fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia al rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa. La orden de captura se emitió en marzo de 2025, sin que hasta ahora se haya concretado su detención.
Este caso expone una vez más los efectos de la corrupción en el ámbito municipal y educativo, dejando al descubierto las trabas administrativas que enfrentan las instituciones escolares para acceder a reparaciones económicas ordenadas por la justicia.
Fuente: ABC Color
