La administración del presidente Santiago Peña avanza hacia una reforma estructural de la Caja Fiscal, enfrentando un creciente déficit que impacta las finanzas públicas. Esta iniciativa forma parte de una agenda de modificaciones que buscan garantizar la sostenibilidad del sistema previsional, actualmente dependiente de transferencias del Tesoro Nacional.
El Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido por Carlos Fernández Valdovinos, ha identificado a las jubilaciones tempranas como uno de los principales factores que generan desbalance en el sistema. Según datos oficiales, solo las jubilaciones anticipadas de policías y militares representan un impacto anual de USD 120 millones para las arcas estatales.
#Lpm730 Reforma de la Caja Fiscal: «el factor importante es la edad de retiro», dice ministro
«Yo hablaba que va a tener que ser un compromiso entre todos. No va ser el Estado nomás el que va a tener que poner algo, sino que también los otros van a tener que reconocer que… pic.twitter.com/BIr2GmGWDR
— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) May 21, 2025
El régimen jubilatorio de los docentes constituye otro sector con beneficios similares que genera presiones fiscales significativas. Este sector representa un costo aproximado de USD 60 millones anuales para el Estado, situación que las autoridades económicas consideran necesario analizar y discutir para implementar soluciones sostenibles.
Un fenómeno que agrava la situación es el desbalance entre ingresos y egresos de funcionarios en algunas instituciones. En el caso de la Policía Nacional, egresan aproximadamente 800 nuevos oficiales anualmente, mientras que solo se jubilan alrededor de 500, generando una presión adicional sobre el pago de pensiones jubilatorias.
Fernández Valdovinos ha señalado que esta reforma estaba contemplada desde el inicio de la gestión, pero que por estrategia política decidieron implementarla gradualmente. El ministro explicó que primero se creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, luego se presentó la ley del servicio civil, y ahora corresponde abordar la situación de la Caja Fiscal.
Las autoridades económicas reconocen que cualquier modificación al sistema debe implementarse gradualmente y respetar los derechos adquiridos. Sin embargo, insisten en la necesidad de corregir inequidades entre los distintos regímenes, especialmente aquellos que permiten jubilaciones anticipadas que desaprovechan capital humano valioso para el país.
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Paralelamente a la planificación de estas reformas, sigue pendiente la implementación completa de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. A pesar de que la ley fue promulgada en diciembre de 2023, aún no se ha culminado el proceso de reglamentación ni se ha designado al superintendente, elementos fundamentales para que esta institución pueda funcionar efectivamente.
Recientemente, tras meses de negociaciones entre el Ministerio del Trabajo y diversas asociaciones de jubilados, la ministra Mónica Recalde recibió la documentación de 25 postulantes para ocupar la representación de los jubilados en el Consejo de Seguridad Social. Este órgano estará integrado por seis miembros: tres del gobierno, uno del sector empresarial, uno de los trabajadores y uno de los jubilados.
La implementación efectiva de la Superintendencia de Jubilaciones es considerada urgente para intervenir en la crítica situación que enfrentan la mayoría de las cajas de pensiones del país, mientras el gobierno avanza en el diseño de una reforma integral que garantice la sostenibilidad del sistema previsional.
Fuente: La Política Online Paraguay
