La Cámara de Senadores fue escenario de una extensa audiencia pública donde mujeres de diversos sectores expresaron su categórico rechazo a la propuesta cartista de crear el Ministerio de la Familia. La iniciativa pretende fusionar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y la Secretaría de la Juventud bajo una sola cartera ministerial. Las participantes calificaron esta medida como un retroceso institucional que vulnera décadas de avances en políticas públicas diferenciadas.
La senadora Lilian Samaniego convocó esta audiencia para demostrar al cartismo el rechazo social que genera su propuesta legislativa. Durante la jornada, representantes ministeriales, activistas, sobrevivientes de violencia de género y trabajadoras sociales expusieron argumentos técnicos y experienciales que evidencian la necesidad de mantener instituciones especializadas. La movilización refleja la preocupación del movimiento feminista paraguayo ante posibles retrocesos en la institucionalidad de género.
AUDIENCIA PÚBLICA: UNÁNIME RECHAZO A LA ELIMINACIÓN DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Este jueves 22 de mayo se llevó a cabo una audiencia pública histórica en el Congreso Nacional, convocada por la Comisión de Equidad y Género del Senado, para defender el Ministerio de la Mujer y… pic.twitter.com/7utRgkiNbI
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La senadora Celeste Amarilla argumentó que las problemáticas que enfrentan las mujeres trascienden el ámbito familiar y requieren abordajes específicos. La violencia contra la mujer, la discriminación laboral, la participación política y las desigualdades económicas constituyen desafíos que no pueden resolverse desde una perspectiva exclusivamente familista. Amarilla enfatizó que encasillar a las mujeres únicamente en el rol familiar desconoce la complejidad de las luchas por la igualdad de género en todos los espacios sociales.
Aida Sosa, sobreviviente de intento de feminicidio, testimonió sobre la importancia del Ministerio de la Mujer como única institución que la acompaña en sus trámites legales y procesos de recuperación. Su relato evidencia la especificidad de la atención que requieren las víctimas de violencia de género, servicios que difícilmente podrían garantizarse desde una cartera ministerial generalista. La experiencia de Sosa ilustra por qué las políticas públicas de género necesitan instituciones especializadas con personal capacitado en estas problemáticas.
La abogada Alejandra Peralta denunció que la propuesta cartista contradice principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia de derechos humanos de las mujeres. Las convenciones internacionales suscritas por el país obligan al Estado a mantener mecanismos institucionales específicos para promover la igualdad de género. La fusión ministerial representaría un incumplimiento de estos compromisos y un retroceso en el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos.
Matías Chamorro, representando la Secretaría de la Juventud, defendió la importancia de la familia como pilar fundamental pero reconoció implícitamente las especificidades de cada población objetivo.
Rodrigo Segovia, desde el Ministerio de la Niñez, explicó el trabajo transversal con familias a través de programas especializados, evidenciando que la atención diferenciada no impide la coordinación interinstitucional. Ambos testimonios refuerzan la necesidad de mantener instituciones especializadas que puedan articular acciones sin perder su especificidad técnica.
Viceministra del #MinMujer, Silvia Blasco, junto con equipo técnico de la institución, participó de la audiencia pública convocada por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.
Debatieron sobre necesidad de ser reforzada, no eliminada.
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Ramona Barrios, trabajadora doméstica de Itapúa, llamó a la movilización callejera para frenar la iniciativa cartista, evidenciando que el rechazo trasciende los sectores académicos y políticos. Su intervención refleja la preocupación de las trabajadoras de base sobre posibles retrocesos en sus derechos laborales y sociales. La participación de Barrios demuestra que las políticas de género impactan directamente en la vida cotidiana de las mujeres trabajadoras.
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La concejala liberal Fiorella Forestieri calificó la propuesta como un retroceso peligroso que pone en riesgo años de avances institucionales, legales y sociales. Forestieri desmintió el argumento del ahorro estatal, señalando que la medida responde más a motivaciones políticas que a criterios de eficiencia administrativa. Su posición refleja el consenso entre diversos sectores políticos sobre la importancia de mantener la institucionalidad de género.
La senadora Samaniego concluyó que las instituciones destinadas a ser fusionadas fueron creadas para responder técnica e institucionalmente a realidades específicas de las familias paraguayas. Samaniego propuso ampliar presupuestos en lugar de eliminar instituciones, argumentando que la protección familiar se logra a través de educación, salud y empleo digno, no mediante la concentración burocrática. Su propuesta evidencia que existen alternativas de fortalecimiento institucional sin recurrir a fusiones que debiliten la especialización técnica.
Fuente: Última Hora
