Una investigación realizada por el analista laboral Enrique López Arce muestra que nueve de cada 10 trabajadores paraguayos mantienen algún tipo de deuda. Lo preocupante no es solo la magnitud del endeudamiento, sino el origen de estos préstamos: al menos un 30% de los endeudados recurre a prestamistas particulares, conocidos como usureros, lo que plantea serios riesgos económicos y legales.
El estudio se basa en encuestas presenciales a más de 500 trabajadores y destaca que, aunque el crédito puede ser una herramienta útil para el desarrollo, su uso a través de mecanismos no regulados expone a las personas a prácticas abusivas, amenazas e incluso violencia. El fenómeno afecta tanto a trabajadores formales como informales.
Uno de los hallazgos más relevantes es que el 34% de los encuestados afirmó que obtiene dinero en efectivo a domicilio, sin necesidad de formularios o trámites. Esta accesibilidad inmediata es percibida inicialmente como un acto de buena voluntad por parte del prestamista, pero esconde un sistema informal con tasas de interés elevadas y condiciones coercitivas.
Según López Arce, el riesgo aumenta cuando el deudor entra en mora. Es en ese momento cuando se producen amenazas, presiones familiares y, en muchos casos, cobros múltiples que agravan la situación financiera del trabajador. Estos mecanismos no están bajo la supervisión del Banco Central del Paraguay, lo que impide cualquier tipo de protección legal.
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El informe también menciona a la firma Vanessa como la segunda entidad más denunciada en el marco de la denominada mafia de los pagarés. Esta organización opera por fuera del sistema financiero legal y ha sido vinculada a múltiples procesos judiciales por presuntas prácticas usurarias. La ausencia de control oficial permite la continuidad de sus operaciones en distintas zonas del país.
El analista explica que el problema no radica en el pagaré como instrumento, sino en su utilización indebida por parte de prestamistas informales. Comparó el caso con culpar al cheque por un fraude, cuando el problema real está en la conducta del emisor. Esta situación exige mayor control institucional y campañas de concienciación.
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Uno de los ejemplos más graves documentados se registró en la zona de Remanso, donde pescadores señalaron que ya no se aceptan pagarés como garantía. En su lugar, los prestamistas exigen hipotecas sobre bienes, a pesar de que muchos no cuentan con propiedades registradas. Este cambio refleja una mayor presión sobre los sectores más vulnerables del país.
El reemplazo del pagaré por garantías reales genera un ciclo de deuda más complejo y difícil de saldar, especialmente para familias que sobreviven de la economía informal. La falta de acceso a créditos regulados obliga a muchos a aceptar condiciones desventajosas para cubrir gastos básicos o emergencias.
Fuente: Última Hora
