Imagen ilustrativa. Página 12.
El debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal de adolescentes ha resurgido, impulsado por declaraciones del ministro del Interior, Enrique Riera, quien sugirió la presentación de un proyecto para elevar penas y bajar los grados de imputabilidad. Sin embargo, esta propuesta ha encontrado la firme oposición de juristas, como el abogado y exdiputado Óscar Tuma, quien argumenta que tratar a un niño como adulto es “jurídicamente desproporcionado y éticamente inaceptable”, y que no resuelve el problema de fondo de la delincuencia juvenil.
Riera había mencionado en conferencia de prensa que la intención es combatir el uso de menores por parte del crimen organizado, quienes, según su análisis, se aprovechan de la supuesta impunidad que brinda la legislación actual.
Óscar Tuma, a través de la red social X, expresó su contundente rechazo a la medida. “Criminalizar a niños de 12 o 13 años no resuelve el problema de fondo”, precisó. Recordó que Paraguay es Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece una edad mínima recomendada para la responsabilidad penal de 14 años. Reducir esta edad, advirtió Tuma, representaría una “regresión en derechos humanos” y expondría al país a posibles sanciones internacionales.
El abogado basó su postura en argumentos científicos: “La ciencia lo confirma: el desarrollo neurológico de un niño menor de 14 años no le permite ejercer un juicio crítico maduro”. Para Tuma, la reducción de la edad penal es meramente una forma de “esconder el problema debajo de la alfombra”. En lugar de ello, propuso fortalecer el sistema de protección integral, crear centros especializados de rehabilitación y combatir frontalmente a las estructuras delictivas que instrumentalizan a menores. “La solución no es más castigo, sino más Estado, más educación, más protección y más oportunidades. No sigamos el camino fácil del populismo punitivo”, concluyó.
La abogada Cecilia Pérez se sumó a la crítica, calificando la reducción de la imputabilidad como una “medida parche” que no resolverá el problema de fondo que enfrenta la sociedad. En declaraciones a Radio Ñanduti, Pérez explicó que “elevar las penas o tocar las leyes termina siendo solo un parche. El sistema de justicia tiene que funcionar como castigo en una reacción final, pero si no trabajamos en la causa del delito, en los multifactores, solo será un parche”.
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Para Pérez, la criminalización de menores es un paliativo temporal que desvía la atención de la importancia de un sistema de prevención que funcione y que aborde las causas profundas de la delincuencia. Citó el caso de los abusos sexuales en niños, donde a pesar del aumento de las penas, los números siguen siendo alarmantes, lo que demuestra que solo el castigo no es suficiente. Finalmente, la abogada advirtió que este tipo de planteamientos del Gobierno solo llevarán a la construcción de “más cárceles para llenarlas de más jóvenes”, lamentando que “el sistema de prevención no está funcionando”.
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Todo este debate surge tras hechos de gran impacto social, como el asesinato de un delivery en el barrio San Francisco de Asunción, presuntamente a manos de un menor de 16 años, y el brutal asesinato de Fernanda Benítez en Coronel Oviedo, crimen también atribuido a un adolescente. Estos casos han puesto de manifiesto la urgencia de abordar la delincuencia juvenil, pero desde una perspectiva que priorice la prevención, la educación y la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Fuente: ÚH/ El Nacional
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