El docente Hernán Márquez, supervisor técnico y pedagógico de Yby Yaú, denunció públicamente que ganaderos locales bloquean el acceso a la Escuela Básica Nº 6517 Ybyra Ija, impidiendo la entrega del almuerzo escolar del programa Hambre Cero. La situación afecta directamente a 45 niños de una comunidad indígena que permanecen sin acceso a su ración alimentaria desde hace más de una semana. El conflicto evidencia las tensiones territoriales que persisten en zonas rurales del país.
Los ganaderos han cerrado los caminos que permiten el ingreso del vehículo encargado de transportar los alimentos del programa gubernamental. Esta acción ha obligado al operador logístico a retornar con los insumos alimentarios, que posteriormente se deterioraron por el paso del tiempo y las condiciones de almacenamiento inadecuadas. La pérdida de alimentos representa no solo un desperdicio de recursos públicos sino una vulneración directa del derecho alimentario de los menores.
La Escuela Básica Nº 6517 Ybyra Ija se ubica en una zona rural del distrito de Yby Yaú, en el departamento de Concepción, donde coexisten comunidades indígenas y establecimientos ganaderos. El acceso vehicular a la institución educativa depende de caminos vecinales que atraviesan propiedades privadas, situación que genera conflictos recurrentes entre diferentes sectores. La infraestructura vial deficiente en zonas rurales complica la prestación de servicios públicos básicos.
El programa Hambre Cero forma parte de las políticas públicas destinadas a garantizar la seguridad alimentaria de sectores vulnerables, especialmente en el ámbito educativo. La interrupción del servicio compromete el estado nutricional de los estudiantes y afecta su rendimiento académico. Los 45 niños afectados pertenecen a familias de escasos recursos que dependen del almuerzo escolar como una de sus principales fuentes de alimentación diaria.
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Márquez solicitó la intervención urgente de autoridades municipales y departamentales para resolver el conflicto y garantizar la reapertura de los accesos bloqueados. El funcionario educativo enfatizó que la situación trasciende las disputas territoriales y se convierte en una cuestión de derechos humanos fundamentales. La responsabilidad estatal incluye asegurar que los programas sociales lleguen efectivamente a sus beneficiarios sin obstáculos arbitrarios.
El caso expone las dificultades estructurales que enfrentan las comunidades indígenas para acceder a servicios públicos básicos en Paraguay. La falta de caminos públicos consolidados y la dependencia de accesos que atraviesan propiedades privadas genera vulnerabilidad institucional.
Fuente: Última Hora
