El diputado Rubén Rubín presentó un paquete de cuatro propuestas para declarar emergencia de seguridad nacional tras casos recientes de asesinatos cometidos por adolescentes. La iniciativa incluye implementar la cadena perpetua, juzgar a menores como adultos, activar rehabilitación obligatoria para adictos y que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en seguridad interna.
La propuesta de cadena perpetua busca que cualquier paraguayo que quite la vida a otro paraguayo pierda sus libertades de por vida. El legislador argumenta que la justicia es necesaria más allá de la prevención y que la protección social está por encima de la readaptación del condenado. Sostiene que la Constitución no es clara sobre la cadena perpetua y la interpreta con los ojos del paraguayo de bien.
▶️ CRIMEN DE ADULTO, CONDENA DE ADULTO |
️El diputado Rubén Rubin plantea modificar la ley de menores y ampliar la condena a perpetua para quienes tengan el atrevimiento de terminar con la vida de un compatriota.
«Vamos a sacar de las calles a los adictos y los vamos a… pic.twitter.com/XmGy7EvKrU
— DELPY (@delpynews) June 4, 2025
El diputado defiende su posición afirmando que representa al pueblo paraguayo y que el soberano lo delegó para legislar, no un burócrata extranjero. Menciona que una encuesta mostró un 95% de apoyo a la cadena perpetua entre la población. Considera que Paraguay puede salirse de convenios internacionales con altura y respeto, tal como los firmó voluntariamente.
La abogada Alejandra Peralta refuta la constitucionalidad y convencionalidad de las medidas propuestas. Explica que las leyes rigen para el futuro y no aplicarían a los casos que motivaron la propuesta. Señala que Paraguay es un estado de derecho donde el derecho penal ha evolucionado hacia una justicia restaurativa que busca la readaptación de quien comete un delito.
#EnDetalles #FernandaBenítez| ¿Pena de muerte o cadena perpetua?
«Cualquier medida que se adopte en cuanto a encrudecimiento de penas o a modificación legislativa, ya no va a aplicarse para el caso María Fernanda, ya no va a aplicarser para el caso del delivery, van a… pic.twitter.com/2s24HmILKt
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) June 8, 2025
La jurista subraya que la Constitución Nacional, en su artículo 20, establece que el objetivo de las penas privativas de libertad es la readaptación social del condenado y la protección social. Considera que la cadena perpetua rompe con este propósito principal de reinserción social. Argumenta que los legisladores tienen la obligación de conocer la Constitución y los tratados internacionales.
Los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que el propósito de las medidas privativas de libertad es la readaptación. En el caso de menores, deben ser por el menor tiempo posible. La Convención considera niño a toda persona hasta los 18 años y requiere protección especial.
La abogada cita una observación del Comité de los Derechos del Niño que recomienda no establecer la edad de reprochabilidad penal por debajo de los 14 años. Destaca que estos instrumentos internacionales forman parte del ordenamiento jurídico paraguayo y deben ser respetados por las autoridades nacionales.
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Respecto a la salida de tratados de derechos humanos, la letrada explica que el artículo 142 de la Constitución Nacional establece un doble blindaje. Requiere el mismo procedimiento que para la enmienda constitucional, incluyendo mayoría calificada en ambas cámaras y referéndum popular. Este mecanismo dificulta la denuncia unilateral de compromisos internacionales.
El debate evidencia la tensión entre el populismo punitivo y el estado constitucional de derecho. Mientras el diputado Rubín considera que el argumento de los convenios internacionales es una estupidez rotunda, la abogada critica que ante crímenes atroces aparezcan propuestas inviables que buscan el derecho penal máximo y encienden a la población sin ofrecer soluciones reales al problema de la violencia.
Fuente: ABC TV
