Una investigación de El Nacional revela que Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la dirección de Eddie Jara Rojas, prepara una licitación por casi 12.000 millones de guaraníes para contratar servicios de comedor destinado a funcionarios de la planta de Villa Elisa. El análisis del proceso licitatorio demuestra que el costo por plato alcanza los 47.377 guaraníes en el almuerzo, cifra que supera ampliamente los estándares habituales.
El Pliego de Bases y Condiciones publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas detalla un menú de lujo que incluye asado a la olla, bife a caballo, canelones de carne, peceto al horno, festival de pastas, zapallitos rellenos y ravioles. Los platos van acompañados de guarniciones elaboradas con verduras y hortalizas cocidas, configurando un servicio gastronómico de primera categoría.
La estructura de costos por comida evidencia la magnitud del gasto planificado. El desayuno tiene un costo de 23.092 guaraníes por persona, mientras que la merienda alcanza los 43.548 guaraníes y la cena 43.410 guaraníes. El almuerzo representa el mayor gasto individual con 47.377 guaraníes por funcionario, servicio que beneficiará diariamente a 350 comensales en horario de mediodía.
Observaciones técnicas cuestionan la licitación
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas formuló múltiples observaciones al proceso licitatorio que revelan irregularidades procedimentales. Entre las principales objeciones figura el requerimiento de documentación autenticada por escribanía en lugar de copias simples, práctica que incrementa innecesariamente los costos administrativos para los oferentes y puede limitar la participación.
El dictamen técnico presentado por Petropar fue cuestionado por resultar insuficiente para sustentar las especificaciones del proceso. La DNCP solicitó ampliar la fundamentación técnica, recordando que debe contener argumentaciones sólidas sobre las razones que justifican los requerimientos establecidos en la base licitatoria, no limitarse a referencias genéricas sobre particularidades del servicio.
Contraloría exige documentos sobre polémico contrato de Petropar
La naturaleza misma del llamado enfrenta cuestionamientos legales. El artículo 479 del Decreto 3248/25 prohíbe explícitamente los llamados para provisión de almuerzo o plato terminado para funcionarios estatales, con excepciones específicas que incluyen personal sanitario, beneficiarios de programas sociales y empleados involucrados directamente en procesos productivos de fábricas estatales.
Limitaciones excluyentes en requisitos de participación
Los requisitos de experiencia establecidos en el pliego presentan características potencialmente excluyentes. La exigencia de contar con mínimo tres comedores abiertos al público o prestando servicios a empresas privadas o instituciones públicas, donde la convocante pueda verificar el servicio, reduce significativamente el universo de empresas elegibles para participar en el proceso.
La obligatoriedad de mantener personal con antigüedad mínima de seis meses en planilla del Instituto de Previsión Social constituye otro requisito cuestionado. La DNCP solicitó explicaciones sobre la indispensabilidad técnica de esta condición, considerando que se trata de un requerimiento para la ejecución del contrato y no necesariamente para la participación en el procedimiento licitatorio.
El cronograma del proceso establece que la publicación se realizó el 2 de junio, con entrega y apertura de ofertas programada para el 19 del mismo mes. Este plazo relativamente breve, combinado con los requisitos restrictivos, podría configurar un escenario de competencia limitada que no garantice las mejores condiciones económicas para el Estado.
Restricciones presupuestarias ignoradas
El artículo 480 del decreto gubernamental establece que los créditos presupuestarios para servicios de catering no pueden superar los 400 millones de guaraníes anuales. La licitación de Petropar por 12.000 millones de guaraníes excede largamente este límite, generando interrogantes sobre el cumplimiento de las normativas presupuestarias vigentes para organismos y entidades estatales.
Unite a nuestro canal de Facebook
La clasificación de Petropar como empresa pública le permitiría acceder a las excepciones contempladas en la normativa, específicamente para alimentación de empleados involucrados directamente en procesos productivos. Sin embargo, la DNCP requiere clarificación sobre si el personal beneficiario del servicio de comedor cumple efectivamente con esta condición o si incluye funcionarios administrativos no vinculados a la producción directa.
El caso refleja un patrón recurrente en contrataciones públicas donde los costos por servicios básicos superan ampliamente los estándares de mercado. La investigación evidencia la necesidad de mayor control en procesos licitatorios que involucran recursos significativos del erario público, especialmente cuando los beneficiarios son funcionarios de entidades estatales que deberían optimizar el uso de fondos públicos.
Fuente: El Nacional
