El Ministerio Público imputó a la abogada Diana Belén Molinas Macchi en el marco de la investigación sobre la denominada mafia de los pagarés. La profesional del derecho es señalada por instigar al prevaricato y por el uso de documentos públicos de contenido falso. Con su imputación, se amplía la lista de involucrados en esta trama que afecta a varios juzgados de Paz de Asunción.
Según el acta de imputación, Molinas Macchi habría promovido la continuidad de procesos judiciales sabiendo que las notificaciones correspondientes no fueron debidamente diligenciadas. La denuncia se originó en 2022, cuando una persona fue sorprendida con un nuevo embargo a pesar de haber cancelado previamente su deuda mediante retenciones salariales.
La víctima relató que la empresa Nexo adquirió un pagaré y lo ejecutó judicialmente en el Juzgado de Paz de La Encarnación. A pesar de haber abonado el total de la deuda, más intereses y costas, recibió en agosto de 2024 una nueva orden de embargo por más de G. 12 millones. La situación llamó la atención del denunciante, quien sostuvo no haber sido notificado legalmente sobre la nueva demanda.
La jueza de Paz Carmen Analía Cibils, actualmente suspendida e imputada en la misma causa, habría validado la demanda basándose en informes falsos, supuestamente presentados por oficiales de Justicia. La abogada Molinas Macchi figura como representante legal de la empresa Global Enterprises Paraguay SA en al menos 25 demandas, muchas de ellas con procedimientos similares.
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Los fiscales que impulsan la investigación, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, indicaron que la profesional habría solicitado avanzar con los procesos judiciales presentando mandamientos de intimación y embargo falsamente diligenciados, lo que permitió la continuidad de juicios sin que los demandados fueran notificados conforme a la ley.
La investigación del Ministerio Público abarca cinco juzgados de Paz de la capital: Recoleta, Catedral (Primer y Segundo Turno), San Roque y La Encarnación. En todos los casos se verificaron patrones similares de supuestas irregularidades, en las que se habrían ejecutado pagarés sin cumplir con los requisitos procesales mínimos.
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Además de jueces y funcionarios judiciales, también están siendo investigados oficiales de Justicia y otros abogados que habrían participado en la red. El caso revela un esquema sistemático de uso fraudulento de instrumentos legales para ejecutar deudas inexistentes o ya saldadas, afectando a múltiples ciudadanos. El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer la magnitud de la organización y establecer responsabilidades penales.
Fuente: Última Hora
